Un informe difundido por el medio digital Lima Gris advierte que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del sistema de transporte del gas de Camisea hacia la costa, buscaría que la reciente ruptura del ducto sea declarada como un evento de “fuerza mayor”.

Según la publicación, de prosperar esa figura jurídica la compañía podría quedar liberada de asumir responsabilidades económicas por los daños ocasionados por la interrupción del suministro de gas.

La paralización parcial del sistema energético ha tenido efectos inmediatos en distintos sectores. Centrales eléctricas han debido recurrir a combustibles más costosos para mantener la generación, mientras que el transporte que utiliza gas natural y diversas industrias han empezado a recalcular sus costos operativos ante la incertidumbre sobre el abastecimiento.

De acuerdo con el análisis citado por el medio, la calificación de “fuerza mayor”, contemplada en el artículo 1315 del Código Civil, se aplica cuando ocurre un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible que impide cumplir una obligación. Si el incidente del ducto fuese reconocido bajo esa figura, los costos derivados de la crisis energética podrían terminar siendo asumidos por el sistema energético, el Estado o los propios consumidores.

La infraestructura operada por TGP es considerada una pieza clave del sistema energético peruano, ya que transporta el gas que alimenta una parte importante de la generación eléctrica nacional y sustenta el crecimiento del mercado de gas natural. Por ello, una interrupción prolongada del suministro puede generar impactos económicos a escala nacional.

El informe también señala que la información pública sobre la emergencia ha sido comunicada principalmente por autoridades del Ejecutivo, entre ellas el Ministerio de Energía y Minas del Perú y la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, encabezada por la premier Denisse Miralles. Según la publicación, la ausencia de una vocería directa de la empresa ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en torno a lo ocurrido.

Frente a este escenario, distintas instituciones deberán esclarecer las responsabilidades. El regulador Osinergmin tiene a su cargo la investigación técnica para determinar si existieron fallas operativas, deficiencias de mantenimiento o problemas en los planes de contingencia. Paralelamente, el Ministerio Público del Perú podría intervenir para determinar eventuales responsabilidades, mientras en el ámbito político se plantea que el Congreso de la República del Perú evalúe la creación de una comisión investigadora sobre lo ocurrido con el ducto de Camisea.