El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, calificó de “mentira total” el concepto de leyes “procrimen” y defendió las recientes modificaciones al Código Penal. Durante la presentación de un informe sobre lavado de activos en el Perú, realizada en la sede de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que las normas aprobadas por el Congreso buscan establecer límites a la forma en que los delitos son perseguidos y corregir problemas específicos del sistema de justicia.

Gálvez puso como ejemplo el proceso contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán para sustentar su posición. Señaló que el aspirante a colaborador eficaz José Miguel Castro comenzó a entregar información y pruebas desde 2020, pero falleció en 2025 sin que su colaboración hubiera sido aprobada de manera definitiva. Según el fiscal, esta situación terminó restando fuerza a la acusación contra Villarán y evidenció los problemas de mantener indefinidamente abierto un proceso de colaboración eficaz.

En esa línea, Gálvez defendió la modificación que establece un límite al periodo de corroboración de las declaraciones de los colaboradores eficaces. “No puede ser procrimen que se ponga un límite al período de corroboración de las declaraciones en una colaboración eficaz”, sostuvo. Añadió que, si una persona confiesa un delito y ofrece pruebas, debe existir un plazo para entregarlas y corroborarlas.

El fiscal de la Nación señaló que un incidente de colaboración eficaz no debería prolongarse por más de un año y recordó que existen límites para la duración de los procesos judiciales. A su juicio, si durante ese periodo el colaborador no puede entregar las pruebas que ofreció, corresponde rechazar su solicitud. Gálvez consideró que esta regulación busca evitar que las investigaciones se extiendan indefinidamente sin una definición sobre la información proporcionada.

Finalmente, Gálvez cuestionó que en el caso relacionado con Villarán el fiscal encargado no hubiera aprobado la colaboración de Castro, pese a la información que, según afirmó, este había proporcionado durante años. Sostuvo que ello impidió que existiera una sentencia homologada por el Poder Judicial y calificó la situación como “un auténtico abuso” y “una auténtica arbitrariedad”. Para el fiscal de la Nación, las nuevas reglas buscan precisamente poner límites a este tipo de situaciones.