La Procuraduría General del Estado decidió este viernes dar por concluida la designación de Silvana Carrión como procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, cargo que ejercía desde 2020. La medida se adoptó en una sesión del Consejo Ejecutivo de la institución, en medio de advertencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre presiones e interferencias en las investigaciones de corrupción en el país.

Carrión confirmó su salida durante una entrevista, señalando que se enteró de la decisión a través de redes sociales mientras conversaba con el medio Convoca.pe. Según indicó, no fue notificada de manera formal, lo que refuerza sus sospechas sobre una injerencia política en este proceso. La procuradora destacó que esta medida se produce justo cuando la OCDE viene monitoreando el compromiso del Perú con la independencia de los operadores de justicia.

Horas antes, la presidenta de la misión de alto nivel de la OCDE en Perú, Kathleen Roussel, había expresado su preocupación por la falta de garantías para fiscales y procuradores que manejan casos emblemáticos de corrupción, entre ellos Lava Jato. En una carta enviada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió que las remociones injustificadas o suspensiones generan un clima de acoso que afecta directamente la credibilidad del país en su proceso de adhesión al organismo internacional.

Carrión, que lideró la estrategia legal del Estado en el caso Lava Jato durante los últimos cinco años, recordó que su gestión logró las mayores cifras de reparación civil en la historia de la lucha anticorrupción en el Perú. Aseguró que, de tratarse de resultados, su salida no tendría sustento, pues el equipo que encabezaba consolidó logros relevantes en procesos contra exautoridades y empresarios involucrados en los sobornos de Odebrecht y otras compañías.

La exprocuradora indicó que aguardará la notificación oficial para evaluar los argumentos de su remoción. Sin embargo, insistió en que decisiones de este tipo envían una señal negativa tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional, al debilitar la independencia de quienes tienen a cargo la defensa del Estado en los casos más importantes de corrupción.