El Poder Judicial renovó las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional contra la exjefa del Consejo de Ministros Betssy Chávez, quien debe cumplir una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por su participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

La medida fue dispuesta por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, en cumplimiento de la sentencia emitida el 4 de diciembre de 2025 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. En dicho fallo, Chávez fue condenada como coautora del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado.

Mediante una resolución emitida el 14 de agosto, el magistrado ordenó la renovación periódica de las órdenes de captura y dispuso que la decisión sea comunicada a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima de la Policía Nacional y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima para las acciones correspondientes.

El documento judicial señala además que el pasado 19 de mayo se remitió un oficio a la Policía Judicial para disponer la inmediata ubicación y captura de Chávez tanto en el territorio nacional como en el extranjero. La exministra permanece fuera del país y su situación está vinculada al asilo diplomático que recibió en México.

Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, cuestionó la decisión judicial y sostuvo que la captura de su patrocinada no será posible mientras permanezca bajo protección diplomática en México. La sentencia también establece dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 12 millones de soles por reparación civil al Estado, de manera solidaria con Pedro Castillo, Willy Huerta y Aníbal Torres, también condenados en este proceso.