Pese a las claras disposiciones establecidas en el Reglamento del Congreso de la República, el Legislativo ha sido señalado por convertirse en una agencia de empleos partidarios, favoreciendo principalmente a integrantes vinculados a Alianza para el Progreso (APP).

La situación se agrava ante el silencio de la Contraloría General de la República, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre estas denuncias.

El Reglamento del Congreso establece con claridad que los legisladores tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, además de respetar las normas internas que regulan el funcionamiento parlamentario. En su artículo primero, se especifica que el reglamento tiene fuerza de ley, mientras que artículos posteriores definen las responsabilidades sobre contratación de personal, resaltando la obligación de garantizar transparencia y meritocracia.

La creación del Centro de Modalidades Formativas del Congreso fue una medida que buscaba fomentar prácticas profesionales para estudiantes destacados. Sin embargo, según denuncias recientes, la contratación dentro del Parlamento parece haber sido utilizada como una herramienta política, priorizando simpatizantes de APP en lugar de seguir criterios técnicos y profesionales.

Diversos artículos del reglamento, como el 32, 33 y 40, otorgan responsabilidades directas al presidente del Congreso y al Oficial Mayor para velar por el correcto desarrollo de la administración parlamentaria. A pesar de ello, se señala que actualmente gran parte del personal nombrado responde a intereses partidarios, desvirtuando el espíritu de servicio público que debe primar en el Legislativo.

Mientras tanto, la Contraloría General de la República permanece al margen, sin iniciar investigaciones ni emitir alertas frente a estas irregularidades, generando un escenario de impunidad y afectando aún más la credibilidad institucional.