La instalación del nuevo Senado para el periodo parlamentario 2026-2031 estuvo marcada por expresiones políticas durante la juramentación de algunos legisladores. Uno de los momentos más comentados fue protagonizado por el senador Jaime Quito Sarmiento, de Juntos por el Perú, quien aprovechó su juramento para expresar su respaldo al expresidente Pedro Castillo, cuestionar las leyes que, según dijo, favorecen la impunidad y pedir una nueva Constitución.

Al momento de prestar juramento, Quito declaró: “Por los mártires del sur, por los mártires del valle de Tambo, contra las leyes pro crimen, pro impunidad, por la libertad de Pedro Castillo y por una nueva Constitución y darle todo el poder al pueblo, ¡sí juro!”. Sus palabras fueron aplaudidas por algunos asistentes antes de que continuara el protocolo de instalación del Senado.

Tras concluir su juramento, el legislador volvió a llamar la atención al rechazar que el presidente de la Junta Preparatoria, Miguel Torres, le colocara la medalla parlamentaria. En su lugar, tomó la insignia y se la colocó él mismo. Luego recibió el Reglamento del Congreso y un ejemplar de la Constitución de manos de Fernando Rospigliosi, mientras que Alejandro Muñante le entregó el distintivo correspondiente. Finalmente, decidió no participar en la fotografía oficial junto a los integrantes de la mesa directiva provisional.

La ceremonia también estuvo marcada por otros mensajes de contenido político. La senadora Mirtha Vásquez juró por la lucha contra la impunidad y en memoria de las víctimas de la dictadura de la década de 1990 y de los últimos gobiernos autoritarios. Por su parte, José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, también hizo referencia a la libertad del exmandatario durante su juramentación.

Al término de la ceremonia, Jaime Quito cuestionó la decisión de la Comisión de Gracias Presidenciales de declarar improcedente el pedido de gracia presidencial a favor de Pedro Castillo. En declaraciones a Canal N, calificó de “traidor” al presidente José María Balcázar, al considerar que incumplió el compromiso que, según afirmó, había asumido para promover la liberación del exmandatario. Además, sostuvo que el jefe de Estado tenía la potestad constitucional de otorgar la gracia presidencial sin necesidad de esperar un pronunciamiento de dicha comisión.