El Ejecutivo expresó su rechazo a la resolución emitida el 3 de septiembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el marco de la supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta. A través de un comunicado, la Presidencia de la República calificó la medida como inaceptable y recordó que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el sistema interamericano tiene carácter subsidiario y no puede intervenir sin que se haya agotado la jurisdicción interna.

El pronunciamiento enfatizó que el Perú es un Estado soberano y democrático, con un compromiso demostrado a lo largo de su historia con los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, subrayó que la defensa de su institucionalidad y su orden jurídico no puede verse vulnerada por decisiones externas que excedan sus competencias.

La declaración oficial también evocó el contexto de violencia que atravesó el país debido al terrorismo, señalando que los derechos humanos de miles de peruanos fueron atropellados por acciones criminales que buscaban subvertir la democracia. En esa línea, el Gobierno sostuvo que la lucha contra el terrorismo fue un proceso complejo en defensa del Estado de derecho y la sociedad.

En un punto adicional, el comunicado adelantó que el Perú continuará evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la posibilidad de impulsar una revisión de las normas que rigen la actuación de sus órganos, a fin de evitar lo que calificó como interferencias en la jurisdicción nacional.

En paralelo, el penalista Julio Rodríguez sostuvo que la Corte IDH carece de facultades para imponer órdenes a los Estados, apelando al principio de soberanía. Agregó que la revisión de la ley de amnistía corresponde exclusivamente al Poder Judicial, mientras que la determinación de su constitucionalidad es competencia del Tribunal Constitucional.