La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó el seguimiento de un operativo simultáneo contra las instalaciones de telecomunicaciones ilegales ubicadas en las inmediaciones de establecimientos penitenciarios del Perú. La intervención permitió identificar e intervenir ocho estaciones y 43 antenas, según informó oficialmente la Presidencia de la República.

La acción forma parte de las medidas impulsadas por el Comando Unificado para enfrentar la delincuencia organizada y restringir las comunicaciones clandestinas que podrían facilitar la planificación de actividades criminales desde el interior de las cárceles. El objetivo es impedir que los centros penitenciarios continúen siendo utilizados como puntos de coordinación de delitos.

Durante la jornada, las autoridades realizaron labores de detección e intervención de infraestructura de telecomunicaciones instalada irregularmente en zonas cercanas a los penales. Estas estructuras representan un riesgo para la seguridad penitenciaria cuando permiten establecer conexiones que eluden los controles establecidos sobre las comunicaciones de los internos.

La mandataria supervisó el desarrollo de las operaciones como parte de la estrategia gubernamental orientada a recuperar el control de los establecimientos penitenciarios y fortalecer la lucha contra la criminalidad. La intervención simultánea busca reforzar la capacidad de respuesta del Estado frente a mecanismos utilizados para mantener comunicaciones no autorizadas.

El combate contra las comunicaciones ilegales constituye uno de los desafíos de la seguridad penitenciaria, especialmente ante las modalidades de extorsión y otros delitos que pueden coordinarse mediante teléfonos celulares y conexiones clandestinas. Por ello, la identificación de antenas irregulares representa una medida preventiva destinada a dificultar el funcionamiento de estas redes.

Con este operativo, el Ejecutivo busca fortalecer las acciones de control y vigilancia en el entorno de las cárceles, así como reducir las oportunidades de comunicación de las organizaciones criminales. La efectividad de estas intervenciones dependerá también de la fiscalización permanente, el cumplimiento de las restricciones penitenciarias y la continuidad de las operaciones contra la delincuencia organizada.