Por Madeleine Osterling, publicado en Expreso

El temor ha sido siempre uno de los aliados más fieles del poder, que intenta que la población viva inmersa en él. No hay dictadura que se respete que no haya recurrido a la creación artificial de atmósferas de miedo para controlar a sus ciudadanos. En el Perú este fenómeno se ha invertido. La progresía, a pesar de que ha perdido fuerza, especialmente a nivel del MP, tiene a Dina Boluarte contra las cuerdas por su eventual responsabilidad política de los fallecidos en las protestas que siguieron al golpe de Estado del 7 de diciembre. La lealtad de la CIDH y de la OEA de Almagro les es inquebrantable.

En este entorno, Boluarte solo quiere dar medidas tibias, nada que altere los ánimos y lleve a gente a la calle; quiere evitar todo escenario de violencia y eventuales dedos acusadores en su contra. Solo desea viajar y hacer amigos en el exterior para que la cobijen apenas acabe su mandato. Las injusticias cometidas contra Jeannette Áñez, condenada a 10 años de prisión en las peores condiciones, por los delitos de sedición y terrorismo por supuestamente haber participado en un golpe contra Evo Morales, es un absoluto despropósito que sentó un nefasto precedenMadeleine Osterling Lettste. Boluarte debe confiar en que algún “AMLO” la protegerá, con mayor justicia que a Lilia Paredes, por supuesto.

Dina tiene miedo, pero no renunciará, no solo porque está viviendo un sueño sino porque igual la perseguirán. Pensará que con el transcurso del tiempo pueden aparecer salvavidas o algún tipo de blindaje, sin embargo, ello le juega absolutamente en contra al país, que lo último que necesita es que se tomen decisiones tibias y a la larga ineficaces para no incomodar a nadie. La confianza y la seguridad jurídica –clamor generalizado de los empresarios– van asociadas a un gobierno fuerte que no se puede doblegar ante la primera huelga o protesta. Exigimos coherencia y firmeza pero siempre protegiendo al Estado de derecho y con la fuerza de la ley en la mano.

Muchas de las “25 balas de plata” del MEF no tendrán mayor impacto. Por ejemplo, agilizar la emisión de las licencias de construcción, cuyo otorgamiento está en manos de las Municipalidades, es casi misión imposible. La mayoría de los alcaldes son unos sátrapas, unos verdaderos mandarines, sienten que tienen un poder omnímodo y que el Gobierno Nacional no tiene ninguna capacidad de “imponer” el marco legal de su administración. No se trata de estandarizar los TUPA, sino de comprometer y alinear a las autoridades locales para impulsar las inversiones.

La Licencia Social para la exploración minera no se debe simplificar, sino eliminar. ¡Cómo les cuesta! Es una gran traba a nivel transversal. La ministra de Agricultura ha declarado recientemente que el gran problema para continuar el saldo de obra de la represa de Iruro –destinada a mejorar la seguridad hídrica de Arequipa y Ayacucho– es la falta de consentimiento de los sectores interesados. Inaceptable que cada vez que se hace un proyecto de infraestructura en el Perú, las comunidades aledañas quieran sacar ventaja. Todo promovido por una mafia de delincuentes (al mejor estilo de los hermanos Chávez Sotelo en Las Bambas) que es indispensable erradicar.

Así como los españoles no se merecen al pactista sin escrúpulos de Pedro Sánchez ni los argentinos a Massa, que es la continuidad de ese peronismo podrido que los ha llevado a la miseria, los peruanos no merecemos un gobierno cobarde e inoperante.

Boluarte tiene que hacer cambios importantes en el gabinete, empezando por el MEF y MINEM. Sin embargo, no podemos ser ciudadanos pasivos, espectadores indiferentes e incluso fatalistas; exijamos al gobierno, pero también a nosotros mismos. Un país no sobrevive sin una ciudadanía comprometida con sus valores y la democracia. ¿Lo estamos?