Por Ernesto Álvarez Miranda, publicado en Expreso

La clave del pensamiento conservador no es el tratar de mantener el statu quo, “dejar las cosas como están”, sino el incorporar la lógica y el sentido común a todas las políticas de estado, las que deben beneficiar al ciudadano y no a ideologías que distorsionan la realidad, aunque eso signifique implementar cambios radicales. Luego del ataque a la sociedad y a la economía efectuados por sucesivos gobiernos de izquierda, inspirados en su mayoría en el marxismo cultural y algunos, incluso, en el más rancio leninismo totalitario, no hay sector donde no haya que limpiar de dogmas insensatos para restablecer la cordura.

Felizmente, los peruanos aprendimos durante décadas de pobreza, hiperinflación y desempleo, que el modelo económico izquierdista lleva indefectiblemente al fracaso, pues reprime la iniciativa privada, privilegia al empresario mercantilista y termina aplastando al sector privado en un estatismo desmesurado, corrupto e incapaz, lo que repercute directamente en los sectores populares al paralizar la economía, desvalorizar la moneda, y desaparecer puestos de trabajo.

Pero en el sector educación, por ejemplo, seguimos sacrificando a nuestra juventud con una educación pública mediocre, porque los directores y docentes no tienen verdaderos incentivos para esforzarse compitiendo por disfrutar de la preferencia de las familias que, en una auténtica democracia, deberían poder elegir el plantel donde quieren educar a sus hijos. En lugar de aumentar el sistema de becas y de ayudas a los estudiantes con talento y sin recursos, el Estado continúa inaugurando universidades públicas sin presupuesto y sin docentes de nivel, tan solo por interés político, lo que garantiza frustración de aquellos que dedicaron cinco o seis años a un programa que no les permitirá vivir de lo aprendido. El sentido común nos sugiere que ese esfuerzo inútil debería dirigirse a instalar institutos de formación técnica, del mayor nivel, atendiendo la real demanda laboral en cada región.

No cabe duda sobre la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional dotándola no solo de moderna instrucción así como de armamento letal y no letal, sino también de la adecuada protección legal ante fiscales y jueces proclives a liberar al delincuente violento y a encarcelar al policía que neutraliza al asaltante armado; en modificar las normas hipergarantistas que dificultan procesar y condenar al criminal; así como el intentar seriamente su rehabilitación en granjas agrícolas con la participación de inversión privada, en la selva. Tampoco puede haber duda en impulsar la minería legal, pues los grandes proyectos ahora trabados por agitadores ideologizados, podrían financiar fácilmente la reforma radical que necesitamos en educación y en seguridad, por lo menos, para legitimar al Estado frente a los ciudadanos, a cuyo servicio que debe su existencia.