Por Martha Chávez, publicado en Expreso

En las últimas semanas las noticias provenientes de la justicia estadounidense revelan idas y venidas en el proceso de extradición que el Perú inició –bastante tardíamente y con muy poco entusiasmo- para que el expresidente del Perú en los años 2001 a 2006, Alejandro Toledo, responda a la justicia peruana por graves actos de corrupción en los que se denuncia su participación personal y directa y que involucran cobro de coimas ascendentes a más de una treintena de millones de dólares respecto de obras públicas durante su gobierno.

No se trata sólo de indicios provenientes de las investigaciones del llamado Caso Odebrecht. Mucho antes que se dieran tales investigaciones, precisamente a raíz de las conclusiones a las que arribó el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América que revelaron gran corrupción de esa empresa no solo en Perú, Brasil, Colombia y en el propio país norteamericano, ya aquí en el Perú se había podido demostrar el millonario enriquecimiento ilícito de Toledo.

En efecto, a fines del año 2011, justo cinco años después de que Toledo había concluido su mandato y ya no podía ser objeto de denuncia constitucional ante el Congreso de la República, realizó en el país adquisiciones inmobiliarias por más de cinco millones de dólares. Cuando Toledo logra en julio de 2001 convertirse en presidente de la República (luego de recibir apoyo financiero de un conocido desestabilizador de regímenes políticos con fines de especulación financiera y penetración incluso ideológica, Soros) era una persona que estaba endeudada: con bienes hipotecados y alegaba incapacidad para asumir el pago de obligaciones alimentarias a una menor de edad.

No se requiere de una sentencia judicial condenatoria para inferir que el endeudado Toledo de inicios de su mandato y el millonario Toledo unos años más tarde de dejar el cargo público, es sin duda alguna también un corrupto en tanto y en cuanto no solo no pudo probar una fuente lícita de su enriquecimiento, sino que le fueron desbaratadas como burdas mentiras cada una de las explicaciones con las que pretendió justificar su sorprendente riqueza.

Sin duda hay otros casos que Toledo debe explicar, como la operación ocurrida durante su gestión de cambio de dueños de un importante canal de televisión a nivel nacional sin que uno u otro de los adquirentes hayan invertido siquiera un sol. Esta operación, pendiente de ser investigada, tiene como antecedente la muy temprana denuncia que su aliado Vargas Llosa Jr. hizo contra Toledo de querer apoderarse de medios de prensa.