El Gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación de nuevas restricciones de visa contra ciudadanos de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, como parte de una política dirigida contra extranjeros a los que atribuye acciones de corrupción, narcotráfico o actividades que socavan a gobiernos democráticamente elegidos. La medida fue anunciada por el Departamento de Estado bajo la administración de Donald Trump y alcanza también, en determinados casos, a familiares directos de los sancionados.

Según el comunicado oficial, Washington aplicará esta política bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, una disposición que permite restringir el ingreso de personas cuando sus actividades pueden tener consecuencias adversas para la política exterior estadounidense. El Departamento de Estado señaló que el mecanismo permitirá actuar conforme se desarrolle nueva evidencia y en coordinación con países aliados.

El caso peruano

En el caso del Perú, Estados Unidos informó que retiró la visa vigente del juez Juan Carlos Núñez Matos, magistrado del Primer Circuito Constitucional de Lima, así como las de sus familiares. El comunicado estadounidense no detalla en su lista el hecho específico que motivó la medida contra el juez peruano.

Sin embargo, medios peruanos han vinculado la decisión con una resolución judicial relacionada con el megapuerto de Chancay. De acuerdo con información difundida por Exitosa, Núñez emitió un fallo en primera instancia que dispuso que Ositrán se abstuviera de ejercer determinadas facultades de supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario administrado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú.

La resolución judicial sostuvo que, al tratarse de una infraestructura de titularidad y financiamiento privados, no correspondía aplicarle el régimen de los puertos de uso público. También estableció consideraciones sobre la intervención de los organismos reguladores y las condiciones para la fijación de tarifas, según la información difundida sobre el fallo.

Medidas en Bolivia, Colombia y Ecuador

Bolivia concentra el mayor número de personas identificadas en el anuncio. Estados Unidos informó que revocó las visas de 12 ciudadanos bolivianos y sus familiares, entre ellos fiscales, jueces, un exministro de Justicia, un magistrado constitucional y un coronel de la Policía. Además, otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa fueron declarados, en términos generales, no elegibles para obtenerla.

El Departamento de Estado también designó públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su presunta participación en corrupción significativa. Washington afirmó que cuenta con información que lo vincula con la solicitud y aceptación de sobornos relacionados con actividades de narcotráfico y con acciones destinadas a favorecer la evasión de la justicia por parte de delincuentes. Mariaca y sus familiares directos quedaron sujetos a la restricción de ingreso.

En Colombia, Estados Unidos revocó las visas del empresario Euclides Antonio Torres Romero y de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, junto con sus familiares. En Ecuador, el Departamento de Estado informó que aplicó restricciones contra dos ciudadanos y revocó las visas de ambos, aunque el comunicado oficial no hizo públicos sus nombres.

El Departamento de Estado enmarcó las medidas dentro de los compromisos asumidos por los países participantes del denominado “Escudo de las Américas”, alianza impulsada por la administración Trump para coordinar acciones frente a amenazas a la seguridad, el narcotráfico y la corrupción. Washington sostuvo que las nuevas restricciones buscan impedir el ingreso de funcionarios extranjeros que, según la información disponible para sus autoridades, contribuyan a debilitar las instituciones democráticas y el Estado de derecho en la región.