Las declaraciones juradas de intereses y hojas de vida presentadas por los integrantes del primer gabinete ministerial del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori muestran que siete ministros consignaron investigaciones fiscales, procesos judiciales o acusaciones constitucionales como parte de la información requerida para asumir sus funciones. Los documentos fueron difundidos tras la designación oficial del nuevo Consejo de Ministros.

Entre los casos figura el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien declaró investigaciones relacionadas con presuntos delitos de lavado de activos, abuso de autoridad, organización criminal y financiamiento a organizaciones políticas, entre otros. Asimismo, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que registra una investigación por presuntos delitos contra la administración pública vinculados a concusión y colusión en perjuicio del Estado.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, consignó una investigación por lesiones culposas, precisando que fue condenado con una pena suspendida y que posteriormente fue rehabilitado. En tanto, el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, declaró investigaciones por presunto peculado.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, informó que mantiene diez investigaciones en trámite, aunque no detalló la naturaleza de los procesos. A su vez, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, indicó que registra una acusación constitucional, sin precisar el presunto delito por el cual fue presentada.

Otro de los casos corresponde al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien declaró investigaciones por presuntos delitos de colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo, aunque no especificó si estas continúan en trámite o fueron archivadas. La información forma parte de las declaraciones juradas que todos los integrantes del gabinete ministerial deben presentar como requisito para ejercer el cargo y busca transparentar los antecedentes administrativos, fiscales y judiciales de los funcionarios públicos.