Los grupos parlamentarios Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno presentaron una solicitud de remoción contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por presunta falta grave y negligencia en el ejercicio de sus funciones. El pedido se sustenta en dos hechos: declaraciones del funcionario sobre un eventual cierre del Congreso y cuestionamientos a contrataciones de personal en la Defensoría del Pueblo observadas por la Contraloría General de la República.

El primer caso se refiere a una entrevista que Gutiérrez concedió a Canal N el 27 de agosto, en la que señaló que, si la presidenta Keiko Fujimori decidiera cerrar el Congreso, podría obtener un respaldo popular incluso mayor al que tuvo su padre en su momento. También mencionó que el cierre del Parlamento supondría un ahorro de S/3.000 millones anuales. Los cuatro grupos parlamentarios consideraron que estas declaraciones constituían un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes.

El segundo fundamento de la solicitud está relacionado con un informe de control de la Contraloría citado en un reportaje de Cuarto Poder. El documento identifica cuatro casos de personas que habrían tenido reuniones o contacto previo con el despacho del defensor antes de acceder a contratos y posteriormente a plazas dentro de la institución. Además, se cuestiona que en algunos casos se haya validado experiencia laboral que no habría correspondido con los requisitos establecidos para los puestos.

Gutiérrez ofreció disculpas por sus declaraciones sobre el Congreso el 6 de septiembre, durante una entrevista con RPP. Sin embargo, los parlamentarios que impulsan la remoción consideran que estas fueron condicionales, debido a que el funcionario las vinculó con una interpretación distinta de sus palabras. La solicitud plantea que la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado evalúe los hechos, solicite los descargos correspondientes y actúe las pruebas presentadas.

El procedimiento establece que la comisión tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para evaluar los cargos y elaborar su informe. Luego, el Pleno del Senado deberá debatir y votar el pedido de remoción, para lo cual se requieren 40 votos, equivalentes a dos tercios de los 60 senadores. Esta solicitud se suma a otras dos denuncias constitucionales que ya se tramitan contra Gutiérrez en la Cámara de Diputados y el Senado, aunque los promotores remarcaron que la remoción y la acusación constitucional constituyen procedimientos distintos y pueden generar consecuencias diferentes.