Por Mariella Balbi, publicado en Expreso

Cuando días atrás la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lanzó un comunicado abogando públicamente por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, acusada constitucionalmente por el Congreso, cruzó la línea de lo legal, politizándose. Entre sus funciones no figura salir en defensa de una funcionaria. La JNJ, hija del golpe de Estado de Vizcarra, es el organismo que nombra y destituye a jueces, fiscales y a los presidentes de los órganos electorales como ONPE y RENIEC.

Esto motivó la reacción del Congreso, aprobando la necesaria y justa investigación de la JNJ y su remoción. La iniciativa provocó una guerra de alta intensidad entre el Legislativo y los integrantes de la JNJ, respaldados por la izquierda progresista. La fiscalización a la JNJ fue por cuatro motivos: 1) el impertinente comunicado de esta institución a favor de Ávalos. 2) La presión de la JNJ ante el Poder Judicial para que respaldara a Ávalos. 3) Que la integrante de la JNJ, Inés Tello, siga en funciones, pese a haber sobrepasado el límite de edad y 4) Que la JNJ no presentara los informes correspondientes al Congreso.

Los técnicos de la Comisión de Justicia elaboraron un informe descaradamente favorable a la JNJ. Pero fue modificado pues solo tres parlamentarios (bancada de Verónika Mendoza) lo respaldaban, quince estaban en contra. El pleno decidirá si se destituye a sus integrantes. Tanto los miembros de la JNJ como el sector izquierdista que la apoya se han movilizado nuevamente buscando el favor de los organismos internacionales.

El vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez (exministro de Humala y firmante del pedido de excarcelación del expresidente y su esposa), llegó a la OEA. Se tomó fotito con Almagro, su controvertido secretario general. La relatora especial de la ONU, una funcionaria de menor rango, la OEA y la CIDH también respaldan a la JNJ y declaran estar preocupados por su suerte. Califican de sumaria la investigación. Obviamente ninguno de ellos ha leído la Constitución peruana. Pero injieren, presionan y respaldan a un organismo con el que tienen evidente afinidad política. No se trata del respeto a la ley sino de la lucha por el poder, por controlar al Poder Judicial y a los organismos electorales y que estos se alineen con la ideología y valores de la izquierda progresista.

Este conflicto ocurre dentro del Estado, lo protagonizan funcionarios que ganan cerca de 10,000 dólares mensuales pagados con nuestros impuestos. En otro extremo, pero con el mismo irrespeto al orden constitucional, Sendero Luminoso, a través de una ONG llamada Voluntad Transformadora, adoctrina niños en el pensamiento marxista, leninista, maoísta y del camarada Gonzalo (Abimael Guzmán), o sea de la lucha armada. Ha sido una labor sostenida y no tan clandestina. Han pasado varios años violando la ley sin obstáculos.

La bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, (una mezcolanza creada recientemente) liderada por la izquierdista Verónika Mendoza, apoya en solitario a la Junta Nacional de Justicia, oponiéndose a su destitución. Ese mismo grupo votó por el maestro prosenderista Pedro Castillo, llevándolo a la Presidencia. Apoyó las protestas violentas de inicios de año dirigidas por los secuaces del Movadef. Comparte el mote de ‘Dina asesina’ con los extremistas y respaldan las denuncias contra el gobierno en la CIDH por violación de Derechos Humanos. Así son.