La Comisión de Mujer y Familia del Congreso aprobó una nueva ley que elimina la figura del Oficial de Género en las entidades del Estado y deja sin efecto la obligatoriedad de capacitar a los funcionarios públicos en enfoque de género.

Esta medida representa un giro significativo en la política pública orientada a la igualdad y la lucha contra la violencia de género en el país.

Como parte de las disposiciones complementarias, se establece que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tendrá un plazo de 90 días para adecuar el reglamento de la Ley 30364 —norma que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar— a las modificaciones aprobadas por el Congreso.

Además, la norma deroga expresamente los decretos supremos 010-2022-MIMP y 013-2023-MIMP. El primero obligaba a los trabajadores del Estado a recibir capacitación en enfoque de género, mientras que el segundo regulaba la implementación de Oficiales para la Igualdad en las entidades públicas, responsables de velar por la incorporación de dicho enfoque en las políticas institucionales.

La decisión ha generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores la celebran como una supuesta despolitización de la función pública, organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas advierten que se trata de un retroceso en los esfuerzos por erradicar la violencia y discriminación por motivos de género.