El Congreso de la República anunció la devolución de S/ 270 millones al Poder Ejecutivo, recursos que podrán ser destinados a atender necesidades prioritarias del país. La decisión fue presentada por los presidentes del Senado, Miguel Ángel Torres, y de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, quienes informaron sobre los resultados de las medidas de austeridad aplicadas durante los primeros 90 días de gestión.

Según detalló Torres, el Parlamento consiguió ahorrar aproximadamente S/ 303 millones mediante una reorganización de sus gastos administrativos, la eliminación de alquileres y un uso más eficiente del presupuesto institucional. De ese monto, S/ 33,6 millones ya fueron transferidos para afrontar las emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño.

El presidente del Senado explicó que los S/ 270 millones restantes serán puestos a disposición del Ejecutivo para responder a las demandas más urgentes de la población. Como referencia, señaló que dicha cantidad equivale al costo de más de 1.350 patrulleros, lo que permitiría dimensionar su potencial contribución al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Durante el pronunciamiento, las autoridades parlamentarias también destacaron la importancia de disponer de mayores recursos para prevenir los efectos de las lluvias intensas y las inundaciones. La protección de poblaciones vulnerables y el mejoramiento de la capacidad de respuesta frente a desastres naturales figuran entre las necesidades identificadas.

Por su parte, Óscar Reto sostuvo que la administración responsable de los fondos públicos debe constituir una prioridad permanente del Congreso bicameral. El titular de la Cámara de Diputados mencionó la lucha contra la delincuencia, la prevención ante el fenómeno El Niño y la atención de incendios forestales como ámbitos que requieren una respuesta coordinada del Estado.

La devolución anunciada representa una oportunidad para que los recursos inicialmente asignados al funcionamiento legislativo puedan orientarse hacia servicios y necesidades ciudadanas. Sin embargo, su impacto dependerá de las decisiones presupuestarias que adopte el Ejecutivo y de la ejecución efectiva de las medidas financiadas, bajo criterios de transparencia y responsabilidad fiscal.