La Comisión Permanente del Congreso de la República decidió archivar las denuncias constitucionales que pesaban sobre el expresidente Francisco Sagasti y cinco de sus exministros, relacionadas con presuntas irregularidades durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. La votación cerró la posibilidad de sanciones, incluyendo la inhabilitación política, al no alcanzarse los votos necesarios.

Sagasti, a través de distintos medios y de una carta publicada en su cuenta oficial de X, había rechazado haber actuado fuera del marco legal, y negó cualquier intención de vulnerar procesos o de incurrir en irregularidades al designar altos cargos en la Policía Nacional. El exmandatario reiteró que no existieron intereses subalternos en sus decisiones de gobierno.

Las denuncias también involucraban a Violeta Bermúdez y Óscar Ugarte, entonces ministros de la PCM y Salud, acusados de supuestas irregularidades en la compra de pruebas rápidas, mascarillas y vacunas, así como en la manipulación de cifras de mortalidad. Estos cuestionamientos fueron impulsados por el excongresista César Gonzales y estaban vinculados incluso a decisiones heredadas de la gestión de Martín Vizcarra.

En la misma sesión, se archivaron procesos contra otros exministros, entre ellos María Antonieta Alva, acusada de negociación incompatible; Alfonso Chávarry, por nombramientos indebidos en la PNP; Dimitri Senmache, por su manejo en el caso de la fuga de Juan Silva; y Jorge López, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En todos los casos, los informes concluyeron que no había pruebas suficientes para sustentar responsabilidad penal.

Las decisiones marcan el cierre definitivo de una serie de investigaciones que habían abierto cuestionamientos políticos y mediáticos sobre la gestión de la pandemia. Según la Comisión Permanente, los hechos denunciados no pudieron ser subsumidos en los tipos penales alegados y carecían de elementos de convicción, por lo que se dispuso archivar los expedientes de manera definitiva.