La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que sugiere acusar e inhabilitar por diez años al ex presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por presunta infracción constitucional.

La denuncia, presentada por el legislador Jorge Montoya en agosto de 2022, acusa a Torres de conspiración para una rebelión, sedición o motín.

La congresista Martha Moyano, delegada encargada de la denuncia constitucional 290, propone que Torres sea denunciado por infringir los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución del Perú. La denuncia se centra en las declaraciones formuladas por Torres el 11 de agosto de 2022, cuando, siendo jefe del Gabinete Ministerial bajo el gobierno de Pedro Castillo, instigó a líderes de organizaciones sociales a movilizarse hacia Lima.

Torres llamó a los dirigentes a llevar a cabo protestas para hacer "arrodillar" a los "golpistas" y abogar por una nueva Constitución. La propuesta de la Subcomisión incluye la inhabilitación de Torres para ejercer cargos públicos durante una década.

Aníbal Torres también está siendo investigado, junto a Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros ex ministros, por rebelión en relación con el golpe de Estado del 7 de abril. Enfrenta un pedido fiscal de 15 años de prisión. La decisión de la Subcomisión respecto a su inhabilitación podría tener amplias implicaciones políticas y legales.