La Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay, presidida por el candidato presidencial y congresista Roberto Sánchez, acumula más de dos años de funcionamiento sin haber presentado su informe final, pese a que originalmente debía concluir sus labores en octubre de 2024. Durante ese período, el grupo parlamentario ha generado un gasto superior a los S/2,1 millones en remuneraciones de personal.

De acuerdo con información difundida por El Comercio, la comisión ha desembolsado S/2'124.916,50 entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 para financiar a 16 trabajadores entre asesores, técnicos y auxiliares. Actualmente permanecen activos tres empleados, entre ellos Miguel Palomino de la Gala, exviceministro de Comercio Exterior durante la gestión de Sánchez en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), quien ha permanecido en la comisión desde su instalación.

La investigación también señala que otros exfuncionarios del Mincetur ocuparon cargos en el grupo de trabajo. Entre ellos figuran Kiara Santana Baldoceda y Merardo Osorio Canturín, quienes se desempeñaron como asesores. Asimismo, se menciona la contratación de militantes de Juntos por el Perú, entre ellos Zoila Yauri Aquino y Arsy Yovera Coveñas, este último candidato de dicha agrupación en los recientes comicios.

La comisión fue creada en octubre de 2023 con el objetivo de realizar seguimiento a la implementación del megapuerto de Chancay y promover políticas vinculadas al desarrollo logístico y comercial asociado al proyecto. Sin embargo, días antes del vencimiento de su plazo inicial, Sánchez solicitó una ampliación de casi dos años sustentada en un informe preliminar de 120 páginas. El Congreso aprobó la prórroga y fijó como nueva fecha límite para la entrega del informe final el 30 de junio de 2026.

Especialistas en temas parlamentarios, como José Cevasco y Alejandro Rospigliosi, cuestionaron la extensión otorgada al considerar que el informe preliminar carece de conclusiones relevantes que justifiquen la continuidad de la comisión. Ambos señalaron que muchas de las labores realizadas podrían haber sido asumidas por comisiones ordinarias del Congreso y advirtieron sobre el creciente uso de comisiones especiales para ampliar contrataciones de personal.

La labor de la comisión también incluyó un viaje de Roberto Sánchez a Estados Unidos en mayo de 2024 para visitar diversos puertos marítimos, actividad financiada por el Congreso con un costo aproximado de S/14 mil. Para concretar el desplazamiento, el entonces parlamentario debió obtener autorización judicial debido a las restricciones que pesaban sobre él en el marco de las investigaciones por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

Consultado sobre los cuestionamientos, el asesor principal de la comisión, Miguel Palomino de la Gala, defendió la continuidad del grupo de trabajo y sostuvo que su labor ha permitido articular esfuerzos entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil, así como contribuir al seguimiento de la ejecución del proyecto portuario. También aseguró que todas las contrataciones fueron realizadas conforme a las normas vigentes y rechazó los cuestionamientos vinculados a la trayectoria profesional o afiliación política de los trabajadores.