La Comisión de Gracias Presidenciales declaró improcedente el último pedido de indulto presentado a favor del expresidente Pedro Castillo, por lo que el exmandatario continuará cumpliendo la condena impuesta por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. La decisión fue anunciada por el ministro de Justicia, Luis Jiménez, quien precisó que con este pronunciamiento ya no existe ninguna solicitud pendiente relacionada con el exjefe de Estado.

El titular del Ministerio de Justicia informó que la comisión, presidida por su asesor Abraham García Chávarri, sesionó este viernes para evaluar el único expediente que permanecía en trámite. Detalló que, en total, se presentaron 17 solicitudes de gracia presidencial: 14 fueron formuladas por terceros y no fueron admitidas, mientras que las tres restantes fueron suscritas por el propio Castillo. De estas, dos ya habían sido declaradas improcedentes por incumplir los plazos y la última recibió el mismo pronunciamiento. "No hay ni una gracia, ni un indulto", enfatizó Jiménez.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia explicó que uno de los pedidos fue rechazado porque el proceso por conspiración para rebelión ya concluyó la etapa de investigación y cuenta con una sentencia de primera instancia en apelación, por lo que no corresponde aplicar el derecho de gracia. Respecto al segundo caso, relacionado con presuntos delitos de organización criminal y otros, indicó que la investigación preparatoria se desarrolla dentro de los plazos legales y no existe un exceso de tiempo que justifique esa medida excepcional.

Jiménez evitó pronunciarse sobre si recibió presiones del presidente José María Balcázar, quien anteriormente había expresado su intención de favorecer la excarcelación de Castillo. Con la decisión adoptada por la comisión, el Ministerio de Justicia informó que no mantiene ningún expediente pendiente de atención vinculado al exmandatario.

Pedro Castillo fue condenado a 11 años de prisión por el intento de disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia el 7 de diciembre de 2022. Tras anunciar esas medidas en un mensaje a la Nación y no recibir el respaldo de las Fuerzas Armadas, intentó dirigirse a la Embajada de México para solicitar asilo, pero fue detenido por su equipo de seguridad antes de llegar a la sede diplomática. Desde entonces permanece privado de su libertad y, en 2025, fue sentenciado por el Poder Judicial.