Por Miguel Lagos, analista político
Publicado en Expreso

El Perú enfrenta una encrucijada de alto riesgo. La segunda vuelta presidencial definirá un rumbo político y el tipo de sistema que sobrevivirá a la profunda crisis institucional. La eventual llegada de Roberto Sánchez al poder, con el respaldo explícito de Antauro Humala y sectores afines al castillismo, al etnocacerismo y al neosenderismo, no representaría simplemente un giro a la izquierda extrema, sino a lo que podríamos llamar como una colombo-bolivianización del proceso político peruano. O sea, la combinación letal de un estatismo económico "refundacional" —desde el poder oficial— con un violentismo gradual antisistémico —incitado desde la calle—, donde el prosenderismo político y las lógicas de la narcopolítica y de las economías ilegales como la minería criminal —y hasta el narcoterrorismo como el que impulsó a Evo desde el Chapare y respaldó a Castillo desde el VRAEM— se empalman peligrosamente.

La advertencia aquí es que de ganar estas fuerzas coordinas acentuarán una dinámica de “desgobierno”. Y adrede. No se trataría de un gobierno ineficiente más, sino de una plan deliberado de "tenaza"; es decir, desde Palacio de Gobierno se activan mecanismos de control estatal, redistribución clientelar y erosión institucional (como se vio en Bolivia bajo Evo Morales), mientras desde la calle se administran conflictos, bloqueos y presiones violentas que desgastan al adversario y justifican mayor intervención estatal. Las libertades políticas y económicas se van dinamitando. Esta doble vía es característica de regímenes que combinan populismo extremo con control de economías ilícitas, y que utilizan la tensión social como instrumento de gobernanza. Es la manipulación de los conflictos para crear ambientes "refundacionales" o constituyentes.

La experiencia boliviana muestra cómo un liderazgo populachero pudo manipular las bases sociales —cocaleras, sobre todo— y el aparato estatal para imponer una nueva Constitución, perpetuarse en el poder y consolidar un tóxico Estado plurinacional que diluye la noción de ciudadanía. Evo Morales utilizó la movilización callejera y la presión de sindicatos radicalizados como instrumentos de gobernanza, mientras reforzaba su control sobre las fuerzas represivas. En Colombia, Gustavo Petro ha desplegado una estrategia parecida. Administrar conflictos desde el poder oficial y desde la calle, dosificando la violencia urbana y legitimando alianzas con sectores vinculados a economías ilícitas. La narcopolítica y la infiltración de "guerrillas" en la institucionalidad han debilitado el sistema político colombiano más allá de la capital, generando un escenario de inestabilidad permanente con el cuento de hacer la "paz total" con los agresores como el ELN o las mal llamadas "disidencias" de las FARC (criminales politizados que ya cruzan hacia Perú por Loreto agrediendo a las comunidades nativas).

En Bolivia, el "modelo" de Morales consolidó un estatismo extractivista que, pese a bonanzas iniciales por commodities, derivó en clientelismo masivo, debilitamiento de contrapesos institucionales y una economía vulnerable y en caída. Incluso después de la salida del narcocalero Evo —desesperado hoy por lograr impunidad—, el país vive convulsiones. El presidente Rodrigo Paz enfrenta protestas masivas, bloqueos y un “golpe de Estado" vía violencia callejera dosificada, orquestadas desde sectores evistas. Esto ilustra cómo estas fuerzas, una vez empoderadas, no ceden el terreno fácilmente y usan la movilización social como herramienta permanente de presión, incluso contra gobiernos no afines.

¿Se viene la colombo-bolivianización de Perú?

En Perú, Roberto Sánchez ha prometido una “refundación de la patria”, con una que retórica que hace eco al etnocacerismo en el enfrentamiento racial y de clases en lo social y el antiliberalismo y el estatismo en el plano económico. Llegan a detestar el crecimiento económico privado. Aliado con Antauro Humala —quien ha hablado abiertamente de recuperar territorios por vías incluso armadas y cuya influencia genera alarma por vínculos con sectores extremos—, el riesgo es una bolivianización que fracture aún más la gobernabilidad, expanda del rol del Estado en la economía, debilite la inversión privada y use los conflictos sociales como palanca de poder. Sus viajes al Chapare (el VRAEM boliviano en marzo de 2025), su respaldo público a Evo (en La Paz, mayo de 2025) y su cercanía con Petro lo ubican en la órbita del "progresismo" extremista hemisférico. La coalición con el etnocacerismo, movimiento condenado por homicidio y con base antisistémica, confirma que su estrategia no se limita al plano institucional; busca articular un poder paralelo desde la calle, con capacidad de presión y violencia.

No menos grave es la colombianización. Bajo Gustavo Petro, Colombia ha visto una intersección creciente entre violencia política y violencia criminal. El narcoterrorismo y la narcopolítica no son fenómenos nuevos, pero su politización erosiona el sistema liberal. Denuncias de nexos entre sectores  políticos, economías ilícitas y grupos armados persisten, con críticas internacionales por el manejo de cultivos de coca —que alcanzaron niveles históricos— y la percepción de mayor permeabilidad en diversos sectores.

En suelo peruano, esta amenaza es concreta. El VRAEM y otras zonas ya sufren la convergencia de remanentes senderistas, narcotráfico y minería ilegal. Desde antes de 2021 hemos anotado en este espacio que estos grupos buscan "hacer política" más allá de los simples intereses económicos.

Un gobierno que active métodos de tenaza desde el poder mientras coordina o tolera fuerzas antisistémicas en la calle y las plazas... en sierras, costas y selvas, podría acelerar esta degradación. Un factor otra vez peligroso son las afinidades de Sánchez con prosenderistas. Estos ya había logrado poner un pie en Palacio de Gobierno con Castillo. ¿Cuál es el resultado previsible? Mayor inseguridad, erosión de libertades, fuga de capitales y un sistema político capturado por lógicas antisistémicas y delictivas. Todo esto se puede usar para forzar cambios constituyentes a la mala.

La intersección entre violencia política y criminal es el núcleo de este esquema. En Perú, el narcoterrorismo ha financiado a los remanentes senderistas (que lograron instalar operadores en el Congreso como Guillermo Bermejo a quien Sánchez indultaría), mientras el narcotráfico infiltra altas esferas del poder judicial, fiscal, político, militar y policial (el chavista Cártel de los Soles es una muestra de ello). La minería ilegal y las economías ilícitas disputan territorios amazónicos, generando violencia sistemática y control paralelo. No tenga ninguna duda, estimado lector, de que bajo un gobierno de Sánchez, estas dinámicas se profundizarían, abonando y ruta hacia un narcoestado que envenenará la democracia liberal y convierte al país en otro laboratorio de la izquierda radical hemisférica. Esta película los latinoamericanos ya la hemos visto.

Lo que distingue este riesgo es el carácter gradual y administrado. No se busca una ruptura inmediata tipo 1970s, sino una erosión progresiva, control de medios y narrativa, judicialización selectiva del adversario, empoderamiento de organizaciones sociales afines y uso de la violencia dosificada para mantener tensión permanente. Desde el poder se mueven fuerzas represivas, mientras se coordinan subterráneamente con actores callejeros y economías delictivas. Esto socava el país desde dentro, como observamos en casos regionales. Incluso si Sánchez no gana la presidencia ante Keiko Fujimori, el bloque que lo respalda —con peso parlamentario y movilización callejera— mantendrá esta lógica de desgaste. Perú ya ha vivido versiones atenuadas de esto en los últimos años; un desgobierno de Sánchez-Antauro las institucionalizaría.

Resaltemos entonces finalmente. La evidencia comparada es clara. Evo Morales utilizó la refundación constitucional y las bases cocaleras para intentar perpetuarse; Gustavo Petro ha normalizado la violencia urbana y la narcopolítica como parte de la gobernanza; Roberto Sánchez propone una nueva Constitución, estatismo económico y alianzas con movimientos violentos. La ecuación es sencilla: Sánchez = Evo + Petro. El riesgo es que Perú se convierta en el próximo escenario de un violentismo gradual y antisistémico, con consecuencias devastadoras para la gobernabilidad y las libertades.

No es exagerado decirlo. No estamos difundiendo un alarmismo vacío. Los peruanos enfrenta hoy en realidad una elección existencial ante la posibilidad de que el antaurismo, el prosenderismo y otras fuerzas lleguen al poder. Se trata de preservar un marco democrático y liberal —imperfecto, pero funcional— frente a un plan que combina la división entre peruanos, la estatización económica fallida con violentismo selectivo. La penosa experiencia izquierdista boliviana y colombiana pro socialismo del siglo XXI —sin dejar de lado la cubana, nicaragüense y venezolana que han provocado el éxodo de millones de personas— nos da datos duros: mayor polarización, putrefacción institucional, intersección narco-política y pérdida de libertades. La ciudadanía debe evaluar con frialdad estos riesgos. La colombo-bolivianización no es una simple etiqueta; es un proceso observable en la región que, de instalarse, degradaría irreversiblemente el sistema político y económico peruano bajo el manto de una falsa "refundación". La defensa de la democracia exige rechazar esta tenaza antes de que se cierre.