Por Carlos E. Gálvez Pinillos, expresidente de la SNMPE

Para un Estado viable

Ya es común repetir que el Estado está sobredimensionado y superpoblado; que después de las adecuadas rectificaciones introducidas con las reformas de primera generación de los 90s, hemos vuelto a caer en el burocratismo y retrocedido gravemente, al punto de haber quintuplicado irresponsablemente, en 20 años, el presupuesto fiscal, con énfasis en los gastos corrientes.

 

El equipo del nuevo gobierno, que tendrá la responsabilidad de reencauzar la marcha del Estado, debe analizar y manejar la estructura del Estado y sus procesos, como si se tratara de una línea de producción y, consecuentemente; poner en cuestión la existencia de todos los organismos (estaciones de producción), tanto como su razón de ser (si crean o destruyen valor) y sus procedimientos.

 

Esto, porque en primera instancia se debe eliminar todo lo innecesario y, sólo después de “borrar” lo que no tiene razón de ser, se deberá analizar los procesos y mejorarlos.

 

No debemos aceptar requisitos o exigencias innecesarias, sólo porque está en un reglamento o procedimiento, sin demostrar con sustento el valor que aporta. Y, después se tendrá que establecer especificaciones adecuadas para cada caso en particular.

 

En consecuencia, debemos eliminar tantos pasos del proceso como sea posible. Al final, si alguien exige reincorporar algún procedimiento, tendrá que demostrar el por qué haría falta.

 

No debemos caer en el error de gastar esfuerzos en simplificar los procesos existentes, sin antes cuestionarlos y eliminarlos en la medida de lo posible. Recién, a partir de ese momento debemos hacer esfuerzos por simplificar los procesos restantes.

 

Cuando hayamos corregido las exigencias burocráticas, eliminado y simplificado las restantes, debemos centrarnos en la tarea de acelerar los procesos. Preciso esto, porque, en los últimos tiempos, en su desesperación por impulsar el crecimiento económico, el MEF se sintió obligado a constituir un equipo especial para hacer seguimiento y acelerar los procesos de aprobación burocrática de proyectos de interés nacional.

 

Sólo una vez cumplidas las etapas antes mencionadas, debemos buscar la mejor manera de digitalizar y automatizar procesos.

 

En resumen, para cumplir el objetivo de alcanzar un crecimiento del 5% en el año 2027 y superiores a futuro, será indispensable.

 

Poner en marcha algunos proyectos mineros de nuestro estancado portafolio de US$64 mil millones,

 

Impulsar la terminación de los proyectos hidráulicos de Chavimochic III y Majes-Siguas II, conducentes a la ampliación de la frontera agrícola,

 

Tanto como facilitar el desarrollo de exploración y desarrollo de prospectos de gas y petróleo,

 

Al igual que el desarrollo de proyectos de generación y transmisión eléctrica,

 

A la par de, impulsar proyectos de infraestructura.

 

Y, desde luego, todo esto requiere de aprobaciones y permisos.

 

Pero hoy, encontramos duplicidad de intervenciones y evaluaciones, para la aprobación de instrumentos ambientales.  

 

Basta ver cómo, contando con el SENACE, una institución creada exprofeso para la evaluación y certificación integral de proyectos, en el ámbito ambiental, hidráulico y social, que viene demostrando eficiencia; la ANA y el SERFOR, deban duplicar evaluaciones y pronunciamientos.

 

En esa línea, creo que debemos transformar la evaluación ambiental, en una evaluación de performance ambiental y de huella (lo que en el primer mundo le llaman “Sand box”) y no de ingeniería o de componentes.

 

En minería, se deben revisar los términos de referencia para las operaciones subterráneas, evitando que se aplique a estas, los mismos criterios de una gran operación minera de tajo abierto, con vida de mina y operaciones mucho más extensos.

 

Ya hemos advertido en el pasado, la importancia de incorporar procesos más ágiles y dinámicos para autorizar exploraciones.  Es evidente que una exploración minera no inflige ningún impacto ambiental, ni social, negativos.  En consecuencia, un estudio técnico y científico del subsuelo, no tendría por qué requerir más que una declaración jurada, con indicación de las tareas a realizar y, como ocurre en Canadá y Australia, lograr permisos en tres semanas.

 

La creación de la “Consulta Previa” en el Perú establece que, para la construcción de un proyecto de servicio público, tales como carreteras, líneas de transmisión eléctrica, tendido de redes de agua, gasoductos, entre otros, no se requiere. Sin embargo, esta norma se ha venido desdibujando y hoy se ha convertido en exigible. Esto, obviamente, debe restituirse a su condición original, caso contrario, será imposible construir las facilidades que brinden esos beneficios a los pueblos que los requieren con urgencia.

 

Finalmente, los procesos de “Consulta Previa” y de “Participación Ciudadana”, instituidos para proteger los derechos colectivos e informar y recoger aportes, respectivamente, se han convertido en espacios e instancias de negociación, lejanos a sus objetivos de creación. Estas transformaciones de hecho y fuera del alcance de las leyes, son una traba al desarrollo de proyectos formales.

 

Mientras tanto, la minería responsable y de escala, se está viendo desplazada por la minería ilegal, “exenta” en la práctica de las sobrerregulaciones existentes.

 

¡Es la oportunidad de recuperar el tiempo perdido!