Por Juan Paredes Castro, periodista y escritor
Publicado en El Comercio

“La gran responsabilidad de Boluarte y Arana pasa por evitarle al país seguir pasando por la zozobra de no saber a dónde vamos”.

Cada presidencia débil en el Perú, como ahora la de Dina Boluarte, delega en un nuevo jefe de Gabinete Ministerial el suficiente poder para pedir, fundamentar y hasta negociar el voto de confianza del Congreso que requiere el gobierno.

Pero concluido el ritual constitucional del pedido de confianza y, como suele generalmente suceder, obtenida la investidura del Congreso, resurge la expectativa de siempre: ¿será capaz el nuevo jefe de Gabinete Ministerial de llevar su delegación de poder circunstancial mucho más allá, es decir a un nivel de ejercicio ejecutivo real de gobierno?

Hay tales vacíos en la naturaleza del Ejecutivo peruano que las funciones de los vicepresidentes y las del presidente del Consejo de Ministros (mal llamado primer ministro) no están muy bien definidas. El campo de maniobra del mandatario o mandataria de turno sobre esas funciones y sobre quienes la representan es demasiado amplio y absoluto. Puede delegar tanto poder en sus vicepresidentes y en sus jefes de Gabinete como anulárselos o quitárselos en un santiamén.

Si estuviéramos ante un real primer ministro con un rol claramente definido de conducción gubernamental y ante una presidencia igualmente bien definida en su papel de jefatura de Estado (algo que debiera contemplar una futura reforma política), probablemente el voto de confianza del Congreso tendría un mejor sentido que el ritual y protocolar que veremos en los próximos días y expresaría un signo de estabilidad importante en el juego de separación y contrapeso de poderes.

De ahí la expectativa que despierta el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, sobre si su delegación de poder para el pedido y obtención de la confianza parlamentaria durará solo el tiempo de ese ritual protocolar o si le permitirá ejercer el Gobierno del día a día en la forma y eficacia que la presidenta Boluarte ha demostrado que no podría hacerlo, como hablar con la prensa, por ejemplo.

Resulta entonces legítimo preguntarnos qué gobierno trae Arana bajo la manga y con qué peso y autoridad para infundir también confianza al país en una administración gubernamental que requiere de objetivos claros, eficiencia, coherencia, articulación, honestidad y transparencia.

No se trata de que la presidenta, su jefe de Gabinete y sus propios ministros tengan que vivir todo el tiempo solo de la confianza del Congreso. Es más importante y decisivo que tengan que vivir de la confianza del país.

La gran responsabilidad de Boluarte y Arana pasa por evitarle al país seguir pasando por la zozobra de no saber a dónde vamos en términos de Gobierno y Estado (así en mayúsculas).

Ni la inseguridad puede seguir desbocándose como hasta hoy en manos de todas las variantes de criminalidad, ni el Gobierno puede seguir quebrando alegremente las reglas fiscales de la economía, ni el Congreso seguir de espaldas a las condiciones electorales que reclama el cambio de mando del 2026, pues no lo queremos como el deslegitimado del 2021 por falta de autoridad, legislación clara y garantías.