Por Augusto Cáceres Viñas

El Perú atraviesa uno de los momentos más aciagos y oscuros en su historia republicana en cuanto a la forma y fondo en que se imparte y administra justicia. La degradación del sistema no es solo institucional, sino estructural, cultural y moral.

El primer hecho, tan triste como incuestionable, es que los abogados más capaces de las universidades más prestigiosas ya no postulan para ser jueces ni fiscales. Y quienes lo hacen, no reciben una formación posterior de calidad que los prepare para cumplir con la delicadísima misión de investigar el delito y administrar justicia con equidad. En los países donde la justicia funciona —Francia, Alemania, Italia, Japón— existe una carrera fiscal y judicial rigurosa, con escuelas nacionales de formación, concursos públicos exigentes y cultura de mérito. En el Perú, en cambio, todo se ha confabulado para producir mediocridad.

Tenemos códigos penales y procesales excesivamente ritualistas, donde la forma se impone sobre el fondo, y una carpeta fiscal, por más deficiente que sea, vale más que los argumentos sólidos de una defensa bien planteada. El sistema permite que las fiscalías prolonguen investigaciones hasta por nueve años, sin un verdadero control judicial, y que las acusaciones duerman el sueño de los justos hasta que se acerca el vencimiento del plazo. En esa lógica perversa, el proceso se convierte en castigo, no en búsqueda de verdad ni justicia.

Y mientras los verdaderos culpables aprovechan los vacíos del sistema, los inocentes quedan arruinados moral, política, laboral y socialmente, convertidos en parias por una sola acusación fiscal. En el Perú, una denuncia fiscal es una condena anticipada, alimentada por jueces que —especialmente aquellos que fueron fiscales— otorgan credibilidad automática a carpetas mal armadas, sin fundamentos técnicos ni jurídicos consistentes. Así, la presunción de inocencia ha dejado de existir en la práctica, reemplazada por un prejuicio estructural que convierte al imputado en culpable desde el primer día.

Este sistema no es justicia: es una máquina inquisitorial donde fiscales y jueces actúan, en demasiados casos, como sicarios de la justicia.

La reciente negativa de la fiscal de la nación y de fiscales supremos a acatar una resolución de la Junta Nacional de Justicia lo confirma. Ese desacato no solo revela su arrogancia, sino su profunda ignorancia jurídica y su falta de ética profesional. Es la expresión más cruda de un poder que se cree por encima de la ley, que no solo la desobedece, sino que la apuñala por la espalda. Quien debe velar por el cumplimiento de la legalidad es quien primero la pisotea. ¿Cómo puede un país combatir el crimen si su máxima autoridad fiscal es ejemplo de ilegalidad?

El Congreso tiene la responsabilidad histórica de iniciar el proceso de destitución e inhabilitación de estos funcionarios, como exige el principio de legalidad y la defensa del Estado de Derecho. Pero esta no puede ser una reacción aislada. Se requiere una reforma integral del sistema de justicia, desde su diseño institucional hasta su cultura interna.

Por ello, como ciudadano indignado, pero también comprometido, he presentado un proyecto de ley titulado:

“Ley de Garantía del Plazo Razonable, Control Judicial Efectivo y Uso Racional del Tipo Penal de Organización Criminal”.

Una iniciativa que busca recuperar la justicia como derecho y no como amenaza, y evitar que fiscales y jueces sigan actuando como verdugos sin ley ni límite.

Porque la justicia no puede seguir secuestrada por la mediocridad, la cobardía y la impunidad.