Por Augusto Cáceres Viñas, médico y gestor público

 

Hay ideas que reaparecen una y otra vez en la historia de los pueblos. Una de ellas es la creencia de que la democracia es demasiado lenta, demasiado imperfecta y demasiado débil para resolver los grandes problemas nacionales. Entonces surge la tentación de concentrar el poder en un solo hombre, en un partido o en un grupo que promete imponer orden, acabar con la corrupción, derrotar a la delincuencia o transformar el país de una vez y para siempre.

Es la vieja tentación totalitaria.

El Perú la conoce bien.

En sus 205 años de vida independiente hemos padecido una sucesión de golpes de Estado, gobiernos de facto, caudillos militares y regímenes autoritarios que han interrumpido reiteradamente la construcción de una verdadera institucionalidad democrática. Buena parte de nuestra historia republicana ha transcurrido bajo gobiernos que llegaron al poder por la fuerza o que terminaron ejerciéndolo al margen de las reglas democráticas.

Pero este fenómeno no comenzó con la República. Desde los primeros años del Virreinato, la disputa por el poder recurrió con frecuencia a la violencia. El asesinato de Francisco Pizarro en 1541, las guerras civiles entre conquistadores, la muerte violenta de autoridades y la destitución del virrey Joaquín de la Pezuela por José de la Serna en 1821 muestran que la ruptura del orden político forma parte de una larga tradición histórica.

Quizá por ello, todavía existen quienes creen que el Perú necesita un gobernante fuerte, un caudillo providencial o incluso una dictadura para resolver sus problemas.

Sin embargo, nuestra propia historia demuestra exactamente lo contrario.

Si las dictaduras fueran el camino del desarrollo, el Perú sería hoy una de las naciones más prósperas de América. Hemos tenido suficientes experiencias autoritarias para comprobar sus resultados. Y, sin embargo, seguimos enfrentando pobreza, corrupción, informalidad, inseguridad, desigualdad y un Estado muchas veces incapaz de responder a las necesidades de sus ciudadanos.

La razón es sencilla.

Los grandes problemas nacionales no se resuelven concentrando el poder. Se resuelven construyendo instituciones.

Las dictaduras pueden tomar decisiones rápidas, pero rara vez construyen instituciones duraderas. La democracia, en cambio, avanza con mayor lentitud porque exige diálogo, controles, equilibrio de poderes y respeto por las leyes. Esa aparente lentitud no es una debilidad: es precisamente el precio de la libertad.

La democracia no garantiza gobiernos perfectos. Garantiza algo mucho más importante: que los malos gobiernos puedan ser reemplazados pacíficamente sin destruir el sistema político.

Las mayorías cambian. Ningún partido representa para siempre la voluntad popular. Gobernar en democracia supone aceptar que hoy se puede ganar una elección y mañana perderla. Esa alternancia es la esencia misma del sistema democrático.

Por eso, cada golpe de Estado constituye mucho más que la caída de un gobierno. Es la destrucción de la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones. Es romper las reglas del juego cuando el resultado ya no conviene.

Y cada vez que ello ocurre, el Perú vuelve a empezar desde atrás.

La democracia, sin embargo, enfrenta un desafío adicional.

Sus enemigos no siempre llegan con uniformes militares ni anuncian abiertamente sus intenciones. Muchas veces utilizan las propias libertades democráticas para infiltrarse en las instituciones y vaciarlas de contenido.

La historia contemporánea ofrece numerosos ejemplos. Regímenes como los de Venezuela o Nicaragua no nacieron mediante golpes militares tradicionales. Llegaron al poder por elecciones y, desde el gobierno, fueron debilitando gradualmente la independencia de los poderes del Estado, restringiendo las libertades y concentrando el poder hasta convertir la democracia en una apariencia.

Esa es una de las mayores amenazas de nuestro tiempo.

El Perú tampoco está libre de ese riesgo.

A ello se suma un peligro que nuestra sociedad conoce dolorosamente: el senderismo y todas aquellas expresiones políticas que justifican la violencia revolucionaria o relativizan los atentados contra el orden constitucional. Las ideas totalitarias cambian de lenguaje, pero conservan la misma lógica: dividir a la sociedad, deslegitimar las instituciones y sustituir la libertad por el poder absoluto.

En ese contexto, el intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 constituye uno de los episodios más graves de nuestra historia reciente. No fue un simple exceso político ni un error de gobierno. Fue un intento deliberado de destruir el orden constitucional, cerrar el Congreso, intervenir el sistema de justicia y gobernar mediante decretos al margen de la ley.

Los hechos son demasiado graves para ser relativizados.

Una democracia madura debe garantizar todas las garantías del debido proceso, incluso para quien intentó destruirla. Pero precisamente por respeto al Estado de derecho, también debe aplicar la ley con firmeza. La impunidad frente a un golpe de Estado debilita la democracia y envía un mensaje peligroso a las futuras generaciones.

Por ello resulta conveniente revisar nuestra legislación para que los delitos contra el orden constitucional reciban sanciones proporcionales a la gravedad del daño que ocasionan a la República, especialmente cuando quienes los cometen fueron elegidos por el voto popular y traicionan el mandato recibido.

Sin embargo, la democracia no se defiende únicamente con códigos penales.

Se defiende gobernando bien.

Se fortalece llevando el Estado donde nunca llegó; construyendo escuelas donde hay abandono; hospitales donde hay enfermedad; carreteras donde existe aislamiento; seguridad donde reina el miedo; justicia donde prevalece la impunidad y oportunidades donde hoy solo existe pobreza.

Las democracias fracasan cuando dejan de mejorar la vida de las personas.

Y los totalitarismos crecen precisamente allí donde los ciudadanos pierden la esperanza.

Por eso la mejor defensa de la democracia no es el discurso; es la buena gestión pública.

También es indispensable combatir con decisión al crimen organizado, al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de tierras y todas las organizaciones criminales que disputan al Estado el monopolio de la autoridad. Una democracia débil frente al delito termina debilitándose frente a quienes desean destruirla.

El nuevo gobierno tiene una enorme responsabilidad histórica.

No basta con haber ganado una elección. Debe demostrar que la democracia puede gobernar mejor que el autoritarismo.

Desde la Presidenta de la República hasta el último alcalde; desde los ministros hasta los congresistas; desde los jueces y fiscales hasta cada funcionario público, todos tienen el deber de actuar con honestidad, capacidad, transparencia y profundo espíritu de servicio.

Los peruanos llevan demasiado tiempo sintiéndose defraudados por quienes ejercen el poder.

Es hora de recuperar su confianza.

Porque cuando la democracia pierde credibilidad, la tentación totalitaria vuelve a aparecer.

Y el Perú ya ha pagado demasiadas veces el precio de ese error.

No volvamos a recorrer ese camino.

Por nuestros hijos.

Por nuestros padres.

Por nosotros.

Y por el Perú.

¡Viva el Perú!