Por Ricardo Uceda, periodista
Publicado en El Comercio

“La alianza tiene su base en el Congreso, animada por parlamentarios que, precisamente, tienen investigaciones abiertas”.

Mientras se escriben estas líneas, aún no se produce el desenlace –por rendición o por la fuerza– del conflicto en torno a quién es fiscal de la Nación. El pasado 12 de junio la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituyó en el cargo a Patricia Benavides, anulando una destitución ordenada en el 2024 por otro colegiado. La medida cayó como una bomba en el Ministerio Público porque el retorno de Benavides implicaba el apartamiento de Delia Espinoza, una sucesora legítimamente elegida por la Junta de Fiscales Supremos. Además, porque Benavides es investigada por graves denuncias. Pero después Espinoza decidió incumplir la orden e iniciar una investigación preliminar contra seis miembros de la JNJ, por presuntas ilicitudes, llevando la crisis a una situación límite.

La JNJ ha respondido colocando a Espinoza “fuera de la ley”. En un comunicado indicó que ella ya no es fiscal de la Nación y que por lo tanto no puede accionar contra sus integrantes, que son aforados. Es el anticipo de una sanción. Espinoza ya había advertido que trataría a los de la JNJ como incurrentes en el delito de desobediencia a la autoridad, si no colaboraban con su investigación. Incluso podría pedir a un juez autorización para intervenir su local e incautar documentos que ha requerido. Habrá que ver si le harían caso.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Es consecuencia del escalamiento de una pugna de facciones por el control del Ministerio Público, desde dentro y fuera del mismo, para ser usado como arma de ataque y defensa en la lucha política. La institución perdió la percepción que de ella se tenía como órgano de defensa de la legalidad y de los derechos ciudadanos. Es oportuno resumir el discurso de los sectores enfrentados sobre lo ocurrido en la última semana. Es una pelea de vale todo, donde los fines superiores perdieron prioridad.

Así, para unos, los grupos mafiosos que acechan a la fiscalía dieron un zarpazo para remover a Delia Espinoza. Lo hicieron a través de la JNJ, donde tienen dominio, como un paso más para capturar el Ministerio Público. En este propósito, mediante otro satélite, el Tribunal Constitucional (TC), ya han repuesto a dos miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos: Tomás Aladino Gálvez y Luis Carlos Arce. Alistan el retorno de un tercero, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, que espera del Poder Judicial la resolución de un recurso de amparo. La alianza tiene su base en el Congreso, animada por parlamentarios que, precisamente, tienen investigaciones abiertas. Según esta narrativa, el gobierno de Dina Boluarte es parte del pacto, llevado por su interés de librar a la presidenta de imputaciones por corrupción y asesinato.

En otra perspectiva, la restitución de Patricia Benavides dispuesta por la JNJ repara un complot de la mafia caviar, entendida como un grupo de influencia, afín políticamente al progresismo, que pierde posiciones en el sistema de justicia luego de haberlo controlado. En el 2024, a través de la JNJ bajo su batuta, destituyó a Benavides, a quien no manejaba. Antes, durante las gestiones de Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, y gozando del padrinazgo del expresidente Martín Vizcarra –interesado en paralizar investigaciones por corrupción que lo comprometían–los caviares hicieron una saca de magistrados supremos en el Ministerio Público, culpándolos de pertenecer a Los Cuellos Blancos, cuyos miembros estaban en otros niveles. Luego se lanzaron a una persecución política. Los fiscales de este sector (Rafael Vela, José Domingo Pérez), en concierto con el IDL, criminalizaron a los partidos competidores del progresismo, de la mano con jueces de primera instancia del Poder Judicial.

En esta bipolaridad transcurre la crisis actual. Para cada episodio controvertido hay elencos de abogados y periodistas que se baten a duelo, proporcionando interpretaciones exactamente opuestas de un mismo texto legal. Cada parte atribuye a sus contrarios haber atropellado la Constitución y el debido proceso.

Sin embargo, es evidente que hubo trasgresiones por ambos bandos. Por ejemplo, una mayoría del Congreso, en su afán de castigar a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, la inhabilitó indebidamente, por ejercer un desfasado criterio jurisdiccional cuando se rehusó a investigar a Vizcarra. En otra ocasión, el Congreso inhabilitó defectuosamente –aunque persiste una discusión al respecto– a los miembros de la JNJ Aldo Vásquez e Inés Tello, por haber resuelto mantener a la segunda en el organismo pese a que había excedido el límite de edad establecido en la Constitución. El Poder Judicial anuló ambas disposiciones del Congreso porque habían vulnerado el derecho de defensa. Ávalos pudo volver a la Junta de Fiscales Supremos y la JNJ acogió a sus miembros rehabilitados.

De otro lado, sirva como ejemplo lo ocurrido con Tomás Aladino Gálvez, recién repuesto como fiscal supremo por el TC. Era un miembro de la junta de sus pares, donde contrariaba al entonces principal Pablo Sánchez, cuando fue víctima del cargamontón mediático que arrasó con justos y pecadores en el sobredimensionado caso Los Cuellos Blancos, que ahora, siete años después, persigue a personajes de tercer nivel. Gálvez acusa a Sánchez de haber maquinado los operativos de cuchillos largos en la fiscalía. Los detractores del fiscal repuesto dicen que no es ni limpio, ni puro, además de que lo consideran antipático por sabelotodo y belicoso. Pero es un hecho que no se le pudo demostrar ninguna de las imputaciones. Por eso ahora, con razón, Gálvez se pasea por los medios reivindicándose, además de ofrecerse como el nuevo Mesías para el Ministerio Público.

Un segundo ejemplo propicio es el de Patricia Benavides. La JNJ anuló su destitución por violaciones del debido proceso, en un expediente que la imputaba por remover a la fiscal Bersabeth Revilla, que investigaba a su hermana, jueza en un caso por narcotráfico en el que se le atribuía corrupción. El relato de las anomalías por la JNJ es creíble y comprobable, la principal de las cuales es la demostración de parcialidad de la ponente, Inés Tello. La JNJ no se pronunció sobre el fondo de la imputación, que debe seguir siendo investigado. Tampoco vio los hechos derivados de las revelaciones del aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva, que están en una fase de corroboración incierta, de pronóstico reservado, aunque siguen siendo la base de los principales indicios de corrupción de Benavides.

Los detractores de la restitución de la exfiscal de la Nación no se han referido al tema de la violación de sus derechos por la imparcialidad de sus juzgadores, sino, principalmente, a la supuesta ilegalidad de la decisión de la JNJ: que no tenía base normativa para anular la sanción, que no hubo la unanimidad de votos requeridos, y que no notificó adecuadamente al Ministerio Público. Pero estos supuestos defectos pudieron ser objetados ante el Poder Judicial, el cual, en más de una ocasión, dio vuelta a los acontecimientos en este tipo de conflictos. Sin embargo, han empujado a Delia Espinoza a la posición más confrontacional, rayana en el desacato.

Delia Espinoza pudo elevarse sobre las facciones, pero optó por ser funcional a un bando. Buscó evitar la reposición de Tomás Aladino Gálvez mediante estériles recursos ante el Congreso y el Poder Judicial, por los cuales puede ser denunciada. Al obstruir la decisión de la JNJ sobre Patricia Benavides arriesga una carrera idónea. A su vez, la JNJ ha demostrado incapacidad de liderazgo y de responsabilidad. Decisiones como las que adoptó deben ser claramente explicadas ante la opinión pública, que observa atónita esta falta de transparencia. La crisis continuará, sus protagonistas no la resolverán, y es imprescindible una solución mayor, con un mínimo de consenso.