Por Fernando Rospigliosi, publicado en Expreso

La semana pasada las FFAA han sufrido un brutal ataque de la mafia caviar que controla el sistema judicial.

El coronel EP (r) Roberto Villar Chamorro ha sido sentenciado ilegalmente a 20 años de prisión y a pagar una reparación civil de cien mil soles a los familiares de cada una de las supuestas víctimas. Se trata de un caso ocurrido en 1994, en el Alto Huallaga, cuando Villar era capitán y, como parte de las Fuerzas Especiales del Ejército, peleaba contra terroristas y narcotraficantes.

No hay ninguna evidencia que Villar haya cometido ningún crimen, ningún testigo ha podido identificarlo.

La sentencia fue emitida el 30 de enero por una sala de jueces prevaricadores integrada por Máximo Maguiña, Reli Callata y Helbert Llerena (3a. Sala Penal), que se ha negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad, vigente y ratificada por el Tribunal Constitucional.

El mismo día, esa sala rechazó los recursos planteados por los abogados del coronel EP (r) Alejandro Avendaño y otros acusados en el caso Cayara (Ayacucho, 1988), que exigían anular los procesos y liberar a los presos aplicando la ley 32107. Para estos magistrados politizados y prevaricadores, ni las leyes vigentes ni las decisiones del Tribunal Constitucional cuentan cuando se trata de perseguir a los militares que derrotaron al terrorismo.

El 29 de enero, esa sala se negó a aplicar la ley 32107 en el caso de los marinos que debelaron el motín terrorista de El Frontón, en 1986, y ha decidido seguir torturándolos con un juicio inacabable, pues varias veces ha sido archivado. Pero debido a las ONG que usan dinero proveniente del extranjero para perseguir a militares y policías, se reabre una y otra vez desde hace 40 años.

En la audiencia de El Frontón, el fiscal me atacó, porque he enviado una comunicación a la Autoridad Nacional de Control del PJ para que esté atenta al comportamiento de prevaricadores que no aplican la ley. Dice que eso es una “amenaza”.

Finalmente, una fiscalía de derechos humanos de Ayacucho, ha notificado al nonagenario general EP (r) Wilfredo Mori Orzo, por un caso ocurrido en 1984 -hace 42 años- en Ayacucho, en el cual lo acusan de autoría mediata. Mori, espada de honor de su promoción, está sentenciado por otro caso de Ayacucho de 1985, cuando fue jefe político militar de la zona de emergencia.

Estamos ante un ataque concertado y masivo de la mafia caviar contra las FFAA.

El abogado Luis Pacheco Mandujano y familiares de militares han presentado una denuncia penal contra los tres jueces mencionados por prevaricato, abuso de autoridad, detención ilegal, negativa a administrar justicia y omisión de actos funcionales. Dice la acusación que “los denunciados deberán ser condenados por sus comportamientos violatorios de la Constitución y de la ley, y por su manifiesta y delictiva conducta”.

Estoy plenamente de acuerdo. Es intolerable que sigan persiguiendo ilegalmente a las FFAA.

Se requieren soluciones radicales.