Fuente: EL REPORTE

Este último fin de semana una paradoja del gobierno de Dina Boluarte golpeó a la tranquilidad del país: después de respaldar a las Fuerzas del Orden (FFOO), le quitaron la venia para después, en un gesto de profunda indecisión, retomarla. Esto en el marco de la sesgada acusación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las muertes que hubo durante las protestas posgolpe de Estado de Pedro Castillo, quien fue tachado como el culpable de ese desenlace mortal hasta por su propia aliada, la congresista Isabel Cortez, ‘Chabelita’. Esta acción desde la cúpula del poder no solo desdibuja el trabajo de los encargados del orden interno y quienes pusieron el pecho ante las turbas, sino que incluso puede alimentar la polarización hasta llevarla a una escala irreversible.

Como botón tenemos el caso de Puno donde los niños vienen siendo adoctrinados con esta versión errada de la historia. Así, el futuro no es alentador.

La secuencia de la contradicción arrancó el pasado miércoles 3 de mayo. La mandataria salió ante cámaras con su gabinete ministerial. Tras matizar meticulosamente el intervalo incendiario, reprodujo una vez más su nítida conclusión: las FFOO actuaron de forma pulcra durante el ataque de las turbas y no hubo una masacre como lo indica la CIDH en su controversial informe, donde suavizan el quiebre del orden constitucional del profesor chotano.

Sin embargo, la postura de nuestras autoridades políticas ante la prensa habría sido solo una actuación de mal gusto. Días después, el viernes 5 de mayo, un medio local expuso las verdaderas elucubraciones de la inquilina de la Casa de Pizarro y su banda. Todo esto enmarcado en el descargo que le dieron a la organización internacional mencionada.

“Como se señaló en acápites anteriores, los posibles excesos en el uso de la fuerza militar policial son objeto de investigación y seguirán su curso procesal a fin de determinar las responsabilidades individuales”, se lee en la página 23 de 41. Esto no solo era una aseveración directa. Era mucho más. Era darle peligrosamente la razón a los autores intelectuales y materiales de la ola de violencia vivida tras la caída de Castillo. Esto, incluso, a puertas de un reinicio de las manifestaciones (donde está incluida la Tercera Toma de Lima), representa una peligrosa justificación de los ataques que se dieron desde el 7 de diciembre del 2022 hasta finales de enero del 2023.

Y el párrafo previo no termina: “Corresponde evidenciar: i) Tales resultados lamentables no han sido generados por decisiones políticas autoritarias. La actuación estaba sujeta a directivas legales, proporcionales y necesarias.

ii) Se dictaminaron en un marco constitucional democrático que no admite métodos gubernamentales ilícitos; y, iii) De ninguna forma se promovieron directa o indirectamente actitudes o prácticas de represión fuera del marco legal”.

En esta área del texto está implícita su intención: si hubo represión, no fue consecuencia de una orden de mi despacho. Y otro extracto importante es que asegura que se hicieron cambios en las FFAA y en la PNP y que pronto se realizará una restructuración más profunda.

Como colofón, la mandataria dio una entrevista a otro medio, ya el 8 de mayo, donde anunció que ella puede ser “la jefa suprema de las Fuerzas Armadas”, pero que no tenía ningún “comando” y que “los protocolos los deciden ellos”. Es decir, una vez más intentó lavarse las manos.

Los pronunciamientos no se hicieron esperar. La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, le dijo que “si no tiene comando, que devuelva el bastón”. La misma línea la siguieron los parlamentarios Roberto Chiabra y Jorge Montoya.

Después de ser exhortada a no caer en la inconstancia y a contar los hechos tal cual son, la mandataria salió a rectificarse. “Como presidenta de la República ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y abnegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país”, mencionó.

Esta secuencia, sin embargo, no se acaba.

Que la presidente haya trastocado temporalmente la realidad dio pie a la tergiversación. La interna del Ejecutivo olvidó que cualquier paso en falso puede impulsar la torcida narrativa de los artífices de la violencia. Es muy importante que se restaure la imagen de los que tuvieron que enfrentar a la misma muerte durante uno de los intervalos más violentos de los últimos años en Perú.

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