Fuente: EL REPORTE

Mientras la Organización de los Estados Americanos (OEA) escudriña la acalorada atmósfera política nacional y mientras el presidente Pedro Castillo sigue amenazando con un levantamiento popular, desde el Congreso ya se está cocinando una nueva vía para sacar del poder al mandatario, quien viene siendo investigado por ser el presunto líder de una red delictiva desde Palacio. Se trata de una suspensión temporal, mecanismo que es auspiciado por el partido político Somos Perú. La revelación la hizo uno de sus integrantes: el congresista Esdras Medina. Esta medida se dará a la par de la tercera vacancia encarrilada por el legislador no agrupado Edward Málaga y se presentará después que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara darle de baja a la denuncia constitucional por el delito de traición a la patria contra el jefe de Estado. La espiral es ascendente y el inquilino de la casa de Pizarro no da su brazo a torcer.

“Como congresista, en la bancada ya tenemos preparada una moción de suspensión (contra el presidente), porque es lo correcto para no romper el procedimiento”, señaló el congresista Medina, quien de esta forma evidencia por qué no habia firmado el proyecto de tercera vacancia contra el mandatario. Explicó también que “siguiendo el procedimiento para solicitar y presentar una moción son suficientes 26 firmas”. “Hay que preocuparse para que los que han firmado realmente lo voten. Vamos a esperar lo que sucede, pero tenemos una decisión ya planteada y decidida”, agregó.

Si esta iniciativa llega a debate y finalmente a votación, solo necesita 66 votos en el Pleno para ser aprobada. Esto de acuerdo a lo contemplado en el artículo 114 de la Constitución Política del Perú, el mismo que precisa que un jefe de Estado en actividad puede ser suspendido por dos motivos: por incapacidad temporal o si es que se encuentra sometido a un proceso judicial (lo cual es una acepción respaldada por el artículo 117 también de la Carta Magna). Esta última extensión es a la que apeló el congresista de Somos Perú y su sustento es la denuncia constitucional que la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, presentó contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

El camino, según apuntó el jurista Enrique Ghersi, sería el siguiente: “La habilitación del procedimiento de suspensión, tal como lo ha indicado el ex presidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume Fortini, podría darse en este momento (...) con el trámite de una moción de orden del día, es decir, con mayoría simple del numero legal, excluyendo, por supuesto, a los miembros de la Comisión Permanente (...)”.

Esta vía, presentada el último 22 de noviembre, se dio casi después de otra amenaza del mandatario, vinculada nuevamente a una posible manifestación masiva su favor. “Si no somos respetuosos de la voluntad popular del pueblo, tomaremos algunas medidas juntamente con el pueblo”, dijo. Su referencia fue al control político que se viene ejecutando en su contra tanto desde el Congreso como desde el Poder Judicial, olvidando que ambos frentes responden a los incontables y graves indicios de corrupción que apuntan no solo a él (tiene 51 carpetas fiscales, según la misma fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides) sino también a su entorno, repleto de investigados y hasta de prófugos (el exministro del MTC, Juan Silva; el amigo chotano y dueño del edificio de Sarratea, Alejandro Sánchez, y su sobrino Fray Vásquez Castillo). Pese a todo esto, el presidente llamó a la Organización de los Estados Americanos alegando que está sufriendo un supuesto “golpe de Estado”.

Esta versión se desdijo inmediatamente con el descargo del TC contra la investigación que se le sigue también al presidente por el delito de traición a la patria: primero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ahora en el Consejo Permanente. La instancia mencionada ordenó la anulación de este proceso, lo que da cuenta de que los derechos fundamentales del jefe de Estado están protegidos y que no hay ningún “fusilamiento jurídico” como alega Benji Espinoza, abogado del profesor chotano.

El panorama sigue siendo incierto. Ahora el régimen chotano vuelve a enfrentar un posible descabezamiento con la suspensión temporal que presentaría el congresista Esdras Medina. Esto mientras la OEA le echa doble ojo a la oposición cuando el presidente sigue proliferando amenazas sin ningún problema.

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