Fuente: EL REPORTE
Las protestas en el país fueron puestas en la balanza. Desde el inicio de esta ola de violencia, sobre todo en el sur, como en Puno y Juliaca, la izquierda política viene promocionando la supuesta espontaneidad de estas manifestaciones. El último reporte de Ipsos, sin embargo, desdibuja a los interlocutores (Vladimir Cerrón, Verónika Mendoza y más) de este ingenuo prisma. Más del 60% de ciudadanos encuestados aseguró que lo que está experimentando nuestro territorio son "acciones organizadas por movimientos políticos".Aunque no se precisa cuáles son los cuadros involucrados, se puede presumir que esta brújula la tiene el viejo oficialismo, como el de Perú Libre y sus derivados como también el de Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Tras la caída del golpista Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, en su lenguaje no desarrollaron ningún signo de arrepentimiento. Todo lo contrario. Vienen invocando a la rebelión contra su nuevo invento, la dictadura cívico-militar, tanto en las provincias como en la misma capital, razón por la que el gobierno decidió establecer un estado de emergencia por 30 días.
Apenas defenestrado el profesor chotano, la insurgencia fue subiendo la intensidad. Hubo dos rondas de manifestaciones. La primera fue en diciembre, con pausa en la semana de fiestas, y la segunda, aún activa, en enero. Hasta el momento, se han contabilizado 50 decesos, y cuatro peticiones que lindan con la inconstitucionalidad: cerrar el Congreso (cuando no es un mecanismo arbitrario sino que debe responder a ciertos requisitos), liberar al profesor chotano (es decir, ratificar el golpe y sacarlo como mártir), expectorar a Dina Boluarte (lo que sería, como dijo el premier Alberto Otárola, abrirle campo a la anarquía), adelantar elecciones para abril de este año (cuando no hay candidatos, no hay reformas y no hay un consenso nacional) y establecer una asamblea constituyente (cuando no pasó por referéndum y cuando es un calco de regímenes fallidos como el de Bolivia y Venezuela). Estas exigencias, por supuesto, no encontraron asidero, lo cual lo asumieron como una invitación a incendiar la pradera. Y esto al ritmo, como ya lo identificaron las fuerzas del orden, de varios remanentes subversivos que quieren pasar desapercibido: de Sendero Luminoso, del Movimiento Revolución Tupac Amaru, de Socorro Popular del Perú y de grupos de fachada como el Movadef y el Conare-Sute.
Pese a esto, la izquierda sigue insistiendo, vía redes sociales, que este contexto es fruto del hartazgo, social, que se estructuró de forma natural y que, por lo tanto, tiene legitimidad. Esta versión, sin embargo, se precipitó. La encuesta que Ipsos elaboró y que compartió este último domingo 15 de enero da cuenta de que un 63% de ciudadanos sondeados considera que "las acciones violentas en Punto y otros lugares como ataques a los aeropuertos, oficinas públicas, empresas, ambulancias y otros vehículos" son "acciones organizadas por movimientos políticos". Solo un reducido 30% considera que se encarriló instintivamente y sin ninguna planificación previa.
En esta misma encuesta también se consultó a quiénes se considera como responsables de las pérdidas humanas tras los enfrentamientos entre los violentistas y las fuerzas del orden, compuesta por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Un 42% apuntó contra "los dirigentes que alentaron a los manifestantes a irrumpir violentamente en los aeropuertos" en Ayacucho, Juliaca y también otras ciudades.
Estos números no son interpretaciones: ofrecen hechos. Más de la mitad de personas encuestadas por Ipsos no le da legitimidad a las protestas. A este contexto se suma que varias de estas manifestaciones bordean la ilegalidad. Marchar es un derecho, pero apelar a la violencia para destruir estructuras públicas y privadas, para atacar a las fuerzas del orden y a los que no se sumen a sus movilizaciones, asesinar perros y caballos, y un largo etcétera, son crímenes. Y esto deberán pagarlo, tarde o temprano.
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Fuente: CanalB
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