Fuente: EL REPORTE

El negocio de Instituto de Defensa Legal (IDL) se vendría cayendo a pedazos. Este frente, que se jacta de velar por los derechos humanos y de luchar contra la corrupción, habría venido redireccionado el financiamiento que reciben del exterior —como de la Open Society de George Soros— para imponer una agenda ideológica. Supuestamente, los fondos que llegaban a sus arcas eran para atender conflictos de carácter cultural, territorial y medioambiental en el país. Sin embargo, el trabajo que han venido realizando, con la venia de su líder con aires de profeta Gustavo Gorriti, ha sido impulsar y engrosar una profunda animadversión contra los representantes de la derecha política y, en el caso contrario, enarbolar a las figuras de la izquierda, sobre todo a los que encarnan a esa versión progresista, light o caviar. Por eso, ya les han exigido que transparenten cómo han usado el dinero.

El dictador tras bastidores.

Como botón tenemos la postura que habían tomado durante la ola de violencia provocada por los operadores radicales de Pedro Castillo y por la masa que había encandilado con la idea de que fue víctima de un golpe congresal. En ese escenario, IDL anunció que la sucesora constitucional Dina Boluarte era una dictadora y que jugaba en pared con las Fuerzas del Orden para reprimir. “La denuncia de dictadura que se hace contra el Gobierno de Dina Boluarte adquiere, así, una dimensión política que apunta no solo a la masacre que vienen cometiendo las “fuerzas del orden”, sino precisamente al núcleo violento que compone la postulación de un estado de derecho de corte liberal”, se lee en un texto que publicaron en diciembre de 2022.

Esa fue la línea que vinieron alargando durante estos meses, idéntica a la de otras organizaciones internacionales que encajan con esa narrativa sesgada como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

En este caso, sin embargo, el séquito de Gorriti empezó con un duro revés no solo tras desentrañar progresivamente sus consignas sino también tras la salida de Open Society Foundations, grupo de George Soros, del Perú, lo cual coincidió en tiempo con la puesta en venta del predio que tiene IDL en San Isidro: un predio con 9 dormitorios y 5 estacionamientos en 496 metros cuadrados de terreno. El precio nada módico de la venta, de acuerdo con el Buró Propiedades, es de US$ 1,755,000.

Y no es para menos. En los años 2017, 2018 y 2019 el medio en cuestión recibió del multimillonario, especulador de minerales, aparente altruista y financista de Alejandro Toledo en el 2001, un total de US$ 1.3 millones. De este monto, distribuyeron 860 mil dólares para los denominados "Periodismo independiente" y "Programa institucional". Y ya en líneas generales se ha revelado que desde el 2008 hasta la fecha ha recibido 24 millones y medio de dólares, cifra que fue ingresada a través de la cooperación internacional.

La fuente del caos.

Además, uno de sus tentáculos de IDL es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), ONG que, de acuerdo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), tiene sanciones por faltas graves y muy graves: la mayoría por no compartir sus fuentes de financiamiento y también por presentar información falsa o fraudulenta.

Sobre su tratamiento informativo no podemos obviar como miraron para el costado cuando Susana Villarán —ex cabeza de IDL— fue acorralada por la justicia tras conocerse que recibió financiamiento de Odebrecht. Y claro también cae en esta espiral su mutismo ante el régimen de Pedro Castillo, quien ya había anticipado varias veces que daría un golpe porque le generaba escozos que su gestión este bajo la lupa.

Al respecto, se pronunció la segunda vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano: “IDL es una ONG que no solo está obligada a informar, sino que tiene voceros que hablan sobre todas las personas incluyendo contra los medios de comunicación, por lo tanto, debe entonces estar obligado a informar sobre todos los millones que ingresan a su ONG”.

Tampoco podemos olvidar la reciente derrota del IDL en la Corte Suprema de Justicia, lo cual evidencia su falta de integridad y su parcialidad. El fallo señaló que el instituto difamó a dos demandantes (uno es el jurista Javier Villa Stein) al publicar información inexacta en su página web, lo cual pone en entredicho la credibilidad de esta institución en su defensa de los derechos y la justicia.

La pirámide de IDL queda más clara. En la punta están los que buscan desestabilizar ciertos países con supuestos mensajes filantrópicos. Ahí tenemos a la caviarada que en su mejor momento acaparó gran parte del Estado y ahora con esto está en una honda decadencia. Los vehículos fueron estos frentes como IDL, de Gustavo Gorriti, y en la zona más baja los que canjearon el sentido común por una postura del “sí a todo”, pervirtiendo todo: las relaciones sociales, las familias, la educación y más. Este círculo está con las horas contadas.

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