Fuente: EL REPORTE

El Tribunal Constitucional (TC) zanjó el conflicto de competencias entre el Poder Judicial (PJ) y el Congreso de la República. El primero, respectivamente, había paralizado facultades legislativas, como la elección del Defensor del Pueblo (DP). Esto tras acoger la denuncia del sindicato de esta entidad sobre supuestas irregularidades en el proceso. El segundo, con la evidente urgencia de resolver esta encrucijada, invocó al máximo ente rector de la Constitución. El resultado: le dio la razón al Legislativo. Ahora, con la licencia recuperada, no solo podrá por fin cambiar a la defensora interina Eliana Revollar, quien durante la ola de violencia jugó en contra de las fuerzas del orden y a favor de personajes siniestros como Sigrid Bazán, sino que también restituyó la prerrogativa que había alcanzado, por voto en mayoría, para reformar consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). En el camino, hubo otros fallos que comprometen, por ejemplo, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Esto y más líneas abajo.

Una Defensoría sin titular

La sucesión en la Defensoría del Pueblo estuvo bajo la lupa desde que Walter Gutiérrez alargara su mandato hasta el 27 abril del 2022 —día que presentó su renuncia— cuando debió dejar el cargo el 7 septiembre del 2021. Interinamente lo reemplazó Eliana Revollar. Las semanas posteriores se fijaron los plazos y se apuntaron los candidatos para encontrar a un nuevo titular, pero el 9 de junio el juez constitucional John Paredes Salas del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, del Poder Judicial, ordenó a la comisión encargada que suspendiera todo de forma provisional. La razón: el sindicato de la Defensoría del Pueblo denunció una supuesta falta de transparencia y respeto al procedimiento establecido. En ese entonces, la presidenta del Legislativo era María del Carmen Alva. Esta misma situación se produjo después en agosto con Lady Camones a la cabeza del Parlamento. La medida cautelar se amplió y se volvió a interrumpir el proceso. Por esta razón, Camones interpuso una demanda competencial ante el TC. Ahora, este 2023, se volvió a conformar una nueva comisión para elegir al defensor, pero el PJ neutralizó nuevamente el cambio de Revollar hasta que culmine el trámite de la acción de amparo.

Esto, sin embargo, no dio para más. Con la urgencia de tener autoridades a la altura de la crisis y además elegidas por las vías regulares, el máximo ente rector de la Constitución decidió emitir un fallo: por mayoría de 5 votos declaró fundada la demanda competencial del Congreso.

¿El fin de Sunedu?

Otro frente que abordó el Congreso fue la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Había planteado algunos cambios como reducir de cinco a siete integrantes el Consejo Directivo y también componerlo con representantes del Ministerio de Educación (Minedu), del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), del Consejo Nacional de Colegios Profesionales, dos de las universidades públicas y uno de las casas de estudios privadas. Y todos los mencionados tendrían la licencia para elegir al superintendente del Sunedu. Sin embargo, esto no cayó bien en la entidad y presentó una acción de amparo en el Poder Judicial, la misma que fue aceptada para, en consecuencia, el 19 de julio paralizar la iniciativa legislativa. Pero el Parlamento no se detuvo y el jueves 21 oficializó la Ley 31520. Y para evitar mayores contratiempos volvió a presentar una demanda competencial que tenía como premisa "la constante interferencia del Poder Judicial en las atribuciones del Poder Legislativo”.

Esto también fue resuelto en el último fallo. El Tribunal Constitucional, “por unanimidad”, le dio la razón al Congreso y declaró nulas “las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían aplicar la reforma al consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)”.

El TC también le dio licencia al Legislativo para que pueda ejercer control político "sobre los altos funcionarios del Estado" como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas; el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y el jefe del Registro de Identificación Nacional (Reniec), Carmen Velarde Koechlin. Para esto exhortó al Legislativo a reformar el artículo 99 de la Constitución Política para los fines mencionados.

Y como sello de esta guerra competencial el TC le pidió a la Junta Nacional de Justicia que dé cuenta de esta resolución para “que proceda conforme a sus atribuciones sobre el comportamiento funcional de los jueces que han concedido amparos y medidas cautelares sobre las competencias políticas exclusivas del Congreso de la República”.

Los efectos inmediatos será destrabar un trabajo congresal que tiene como objetivo expectorar las movidas caviares en el aparato público. No solo se frenará de golpe la permanencia de la anti-fuerzas del orden Eliana Revollar en la Defensoría sino que también se le abreviará la hegemonía a la marea izquierdista progresista en la educación. Y como colofón se podrá escudriñar el labor de elementos claves: los titulares del JNE, ONPE y Reniec. Lo más saludable tomando en cuenta que podríamos estar a puertas de un adelanto de elecciones. En fin, el TC, tan solo, hace justicia y quienes chillan por dichas decisiones son los defensores de sus prebendas y, por lo tanto, de la injusticia.

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