Diversas iniciativas impulsadas en el Congreso de la República del Perú en materia laboral podrían incrementar significativamente la presión sobre el presupuesto público, en un contexto en el que el gasto en planillas del Gobierno central ya muestra un crecimiento sostenido. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto destinado a remuneraciones asciende este año a S/ 48,150 millones, lo que representa un aumento de 11.6% respecto al 2025.

En la última década, el gasto en remuneraciones del Gobierno central se ha más que duplicado, con un incremento de 122% entre 2016 y 2026. Además, este rubro ha ganado mayor peso dentro del presupuesto total, pasando de representar en promedio 21.7% a cerca del 30% en los últimos años, lo que evidencia una creciente rigidez en el manejo de las finanzas públicas.

Pese a este escenario, en abril se presentaron 143 proyectos de ley, de los cuales 51 están vinculados directa o indirectamente a temas laborales, previsionales o remunerativos. Una parte importante de estas iniciativas busca trasladar a trabajadores del régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 en diversas entidades públicas, lo que implicaría mayores costos en sueldos y beneficios.

Entre las instituciones que serían alcanzadas por estas propuestas figuran el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio de Administración Tributaria de Lima, Susalud, el SIS, el FISSAL, la Sutrán, el Indecopi, la Sunarp y Seguro Social de Salud. Asimismo, se han planteado iniciativas para nombramientos en el sector salud, modificaciones de escalas salariales, homologaciones y cambios en pensiones, lo que ampliaría aún más el impacto fiscal.

Especialistas advierten que la aprobación de estas medidas sin un análisis integral podría generar presiones adicionales sobre el gasto público y sentar precedentes difíciles de sostener en el tiempo. También alertan sobre propuestas como la que involucra a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que plantea vincular parte de su financiamiento a la recaudación de multas, lo que podría distorsionar sus objetivos institucionales. En ese contexto, se subraya la necesidad de evaluar estas iniciativas con criterios de sostenibilidad fiscal para evitar comprometer la estabilidad económica del país.