El Gobierno aprobó un nuevo procedimiento para compensar a los expropiados por la Reforma Agraria de 1969 y a sus herederos, luego de la publicación del Decreto Supremo N.° 135-2026-EF, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). La medida permitirá reabrir los procesos administrativos para atender a los antiguos tenedores de bonos de la deuda agraria, quienes podrán acceder a distintas modalidades de compensación por las expropiaciones realizadas durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.

La sentencia del TC declaró inconstitucional la metodología de actualización establecida en 2017 y ordenó aprobar una nueva fórmula basada en el tipo de cambio de paridad y la tasa de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos. Con ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá aplicar el nuevo mecanismo a los procedimientos pendientes y admitir nuevas solicitudes de quienes no pudieron acogerse anteriormente. Según estimaciones de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), la deuda pendiente asciende a unos 3.000 millones de soles, equivalentes a aproximadamente 1.000 millones de dólares.

El nuevo reglamento establece que los beneficiarios podrán elegir la modalidad de compensación de acuerdo con sus necesidades. Entre las alternativas figuran el pago en efectivo, con un máximo de S/100.000 por año hasta por ocho años; la entrega de bonos soberanos; la adjudicación de tierras estatales; o el canje por inversiones en sectores priorizados por el Estado. Asimismo, se permitirá combinar estas opciones dentro de un mismo proceso.

Uno de los aspectos más relevantes de la norma es la posibilidad de recibir tierras ubicadas en grandes proyectos de irrigación, como Chavimochic, Chinecas y Olmos. De acuerdo con la ABDA, esta alternativa permitiría que muchos expropiados o sus herederos retomen actividades agrícolas aprovechando la infraestructura moderna y el crecimiento del sector agroexportador. La asociación sostiene que cerca del 80 % de los bonos pendientes corresponden a pequeños y medianos agricultores de regiones como Puno, Cusco, Huánuco, Cajamarca, Piura y Tumbes.

Además, el reglamento contempla que quienes recibieron pagos con la metodología declarada inconstitucional puedan solicitar un reintegro correspondiente a la diferencia que resulte de la nueva actualización. El MEF deberá evaluar cada caso de manera individual y determinar el monto adicional que corresponda, conforme a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.

El procedimiento administrativo comprenderá la verificación de la autenticidad de los bonos, la identificación de sus actuales titulares y la determinación del valor actualizado junto con la modalidad de compensación elegida. Según la sentencia del TC, el Estado deberá respetar la opción seleccionada por el bonista, sin que esta quede sujeta a la aprobación del MEF, mientras que el máximo intérprete de la Constitución supervisará el cumplimiento de todo el proceso.

Con esta medida, el Estado busca resolver una controversia que se mantiene vigente desde hace más de cinco décadas y que involucra a cerca de 300.000 expropiados y herederos. La implementación del nuevo sistema permitirá cerrar uno de los capítulos pendientes derivados de la Reforma Agraria, aunque también supondrá un importante compromiso para las finanzas públicas debido al volumen de recursos que demandará el cumplimiento de las compensaciones.