La Comisión de Constitución dio luz verde al pedido del Ejecutivo para legislar en seguridad ciudadana y El Niño, con siete puntos adicionales y sin las bancadas de oposición.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó este lunes un dictamen que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 27 materias, en una sesión marcada por la ausencia de las bancadas de oposición y que allana el camino para que el Gobierno emita decretos legislativos en seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. Con el voto de siete senadores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras, el texto final combina los 20 puntos remitidos por la Cámara de Diputados con siete medidas adicionales incorporadas por la comisión senatorial.

El pedido original del Ejecutivo, remitido por la Cámara de Diputados, contemplaba un plazo de 90 días calendario para legislar exclusivamente en materia de seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño, en el marco de la Proposición Legislativa N.° 00132026-2031-S. Ese texto base, aprobado por unanimidad en la comisión, fue el punto de partida para un debate que rápidamente escaló en tensión política.

Los siete puntos adicionales aprobados por la comisión, todos vinculados al combate contra la criminalidad, incluyen la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios de mayor peligrosidad, la libertad vigilada para condenados por delitos graves con riesgo de reincidencia y la incorporación de criterios para calificar a organizaciones criminales como “grupos hostiles” durante estados de emergencia. También se faculta a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) a realizar inteligencia operativa y se ajustan las reglas de la legítima defensa, medidas que la vocera de Fuerza Popular en el Senado, Patricia Juárez, defendió señalando que buscan anticipar riesgos y no perseguir a organizaciones sociales.

El debate no estuvo exento de incidentes. La sesión del 15 de octubre, previa a la aprobación final, quedó suspendida “hasta nuevo aviso” después de que las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno abandonaran la sala en medio de una disputa por el resultado de una cuestión de orden planteada por la senadora Patricia Iturregui. Según la secretaría técnica, la moción había obtenido 7 votos a favor contra 6, pero el presidente de la comisión, Carlos Mesía, la declaró rechazada y ordenó repetir la votación sin que todos los senadores hubieran retornado al recinto, lo que desató los reclamos de la oposición.

La ausencia de las bancadas opositoras permitió que el oficialismo continuara el debate sin el quórum necesario para votar, pero con la mayoría suficiente para aprobar el predictamen en la comisión. Mesía justificó su decisión de no convocar sin consenso previo: “Yo no voy a citar a la comisión para volver a caer en este caos; voy a citar en tanto que haya un consenso sobre qué vamos a debatir. Y si no hay consenso no habrá pues facultades delegadas”. El legislador atribuyó el incidente a un “error funcional” de la secretaría técnica y advirtió que la falta de entendimiento causaría el archivamiento definitivo de la delegación de facultades.

El trasfondo del conflicto reside en la disputa por la cantidad de materias que el Senado puede delegar. Mientras la oposición exigía debatir exclusivamente los 20 temas aprobados por los diputados, la presidencia de la comisión incluyó 28 puntos en su propuesta inicial, de los cuales finalmente se aprobaron 27. Este pulso refleja una estrategia más amplia de polarización política: sectores críticos al Gobierno, como el senador Íber Maraví, buscan capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad, mientras que el oficialismo acusa a la oposición de sabotear el funcionamiento de la comisión para desgastar al Ejecutivo.

Con el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución, el siguiente paso es su debate y votación en el Pleno del Senado, donde el oficialismo deberá recomponer el quórum y negociar con una oposición que ya demostró su disposición a retirarse de las sesiones. La aprobación de estas facultades delegadas representa una herramienta clave para que el Gobierno enfrente la crisis de seguridad ciudadana y los embates del fenómeno de El Niño, pero también se ha convertido en un termómetro de la fractura política que atraviesa al Parlamento y de la capacidad del Ejecutivo para construir consensos en un escenario de alta conflictividad.