Por César Campos R., publicado en Expreso

Hubo molestia fundamentada y estentórea cuando se conoció que reemplazaría a José Tello Alfaro en la cartera de Justicia el pasado 23 de abril. Por primera vez de lo que va del gobierno de Dina Boluarte, la prensa en su conjunto, analistas políticos con memoria y víctimas directas de sus trampas, levantaban la voz contra el nombramiento de un miembro del Gabinete con credenciales negras o, en menor grado, sospechosas.

Daniel Maurate tiene fama entre los abogados de brillar más por sus contactos que por sus conocimientos jurídicos. Perteneció a la carrera judicial y de ella se aprovechaba para encebar a varios vocales supremos en sendos almuerzos que, hasta antes de la pandemia, religiosamente se desarrollaban cada mes, según me lo hizo conocer un magistrado que se negó a compartir asiento de comensal con él.

Eran los años que plagaba los programas de TV y radiales ejerciendo defensa pública de la procesada Nadine Heredia. También en los que “solo jugaba fulbito” con los integrantes de la banda de los cuellos blancos. Años en los que cosechaba los frutos de su paso por los circuitos futbolísticos a través de Universitario de Deportes. Temporada que, sin asco alguno, estafaba a la familia de su colega Geidy Meléndez como ésta misma lo ha suscrito.

Se dijo que Maurate llegó al Gobierno en virtud de haber compartido con el premier Alberto Otárola la cercanía a la administración de Ollanta Humala. También que Nicanor Boluarte -su viceministro cuando fue titular de la cartera de Trabajo y hermano de la presidenta- abogó por su designación. Lo cierto es que la semana precedente ha clavado el puñal artero de la traición a los Boluarte y Otárola esgrimiendo que hubo violación de los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía al confrontar las violentas movilizaciones de diciembre 2022 y enero 2023.

Porque la postura del Gobierno sobre el particular ha sido clara aunque algunos la juzguen polémica: la desproporción de la mayoría de protestas -que dejaron ver el fustán terrorista mediante la milimétrica planificación de asesinato de los agentes del orden, la toma de aeropuertos, quema de instalaciones públicas y privadas, y un largo etcétera- pudo haber sido respondida en similar medida por lo que las investigaciones de la Fiscalía deberán dilucidar las responsabilidades. Pero eso no será óbice para que el Estado defienda ante los tribunales a esos agentes.

Pese a ello, Maurate adelanta opinión como miembro del Ejecutivo, anticipa responsabilidades individuales que solo pueden determinarlas los jueces y desmorona el argumento de sus superiores. Este sujeto fue, es y será un escollo para el Gobierno. Si la semana que viene no lo expectoran del sector Justicia, ese mismo Gobierno debe asumir las más altas probabilidades de su dramático fin.