El Tribunal Constitucional dejó al voto el hábeas corpus presentado por Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín y líder del partido Perú Libre, con el que busca anular la orden de prisión preventiva dictada en su contra en el denominado caso “Los Dinámicos del Centro”. La audiencia se realizó este miércoles de manera virtual y quedó a la espera de la decisión final del máximo intérprete de la Constitución.

El recurso fue sustentado por el abogado Humberto Abanto, quien argumentó que durante el proceso judicial se habrían vulnerado derechos fundamentales de su patrocinado. En ese sentido, solicitó que se anulen las resoluciones judiciales que confirmaron la medida de prisión preventiva. De prosperar el pedido, la orden de captura vigente contra Cerrón podría quedar sin efecto.

Actualmente, el exgobernador se encuentra en la clandestinidad desde el año 2023 mientras es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La decisión que adopte el Tribunal Constitucional será determinante para definir si la medida restrictiva de libertad se mantiene o si corresponde emitir una nueva resolución sobre su situación jurídica.

El caso “Los Dinámicos del Centro” investiga la presunta existencia de una red criminal que habría operado en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín. Según la hipótesis fiscal, esta organización habría estado vinculada al supuesto cobro de sobornos para la emisión irregular de licencias de conducir y al financiamiento de actividades políticas.

La programación de la audiencia también generó debate en el ámbito legal debido a la rapidez con la que el recurso fue incluido en la agenda del Tribunal Constitucional. El caso fue visto aproximadamente 20 días después de presentada la solicitud, lo que ha despertado cuestionamientos entre especialistas.

Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro señaló que esta celeridad podría generar dudas sobre el trato que reciben distintos procesos en el TC. En declaraciones a Canal N, indicó que existen otros casos constitucionales —incluso de personas privadas de libertad— que llevan meses o años esperando una resolución, por lo que consideró necesario que el tribunal explique públicamente los criterios utilizados para priorizar este expediente.