La Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) se pronunció oficialmente sobre la solicitud de asilo diplomático presentada por Nadine Heredia ante la embajada de Brasil en Lima, tras ser sentenciada a 15 años de prisión por lavado de activos.

A través de un comunicado, el Consejo Directivo de la institución expresó su preocupación por la aparente contradicción entre esta solicitud y el marco jurídico internacional vigente.

En el documento, la SPDI recuerda que el asilo diplomático en América está regulado por la Convención de Caracas de 1954, la cual establece que no es lícito conceder este beneficio a personas condenadas por delitos comunes por tribunales ordinarios, salvo que los hechos tengan un carácter político claro.

En ese sentido, subraya que la sentencia contra Heredia fue producto de un proceso judicial largo, con respeto al debido proceso, y sin evidencia de motivaciones políticas ni injerencias externas.

La entidad también señaló que el Estado brasileño está vinculado por tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas, los cuales refuerzan la improcedencia del asilo en casos de corrupción.

Finalmente, la SPDI advirtió que, al existir una sentencia firme dictada por un tribunal competente, ningún órgano del Poder Ejecutivo del Perú puede otorgar legalmente un salvoconducto para permitir la salida del país de una persona que debe cumplir una condena. Por ello, calificó como constitucionalmente imposible cualquier acción que permita a Heredia eludir la ejecución del fallo judicial.