La Sala Penal de Apelaciones de Juliaca confirmó una condena de 35 años de prisión efectiva contra el responsable de los hechos que ocasionaron la muerte del suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, José Luis Soncco Quispe.

La decisión quedó establecida en la sentencia firme N.° 08-2026, que ratifica la responsabilidad penal por los delitos de disturbios agravados y sustracción o arrebato de arma de fuego.

De acuerdo con el fallo judicial, el tribunal consideró plenamente acreditada la participación del sentenciado en los actos de violencia colectiva que derivaron en el fallecimiento del efectivo policial, ocurrido durante graves disturbios registrados en la ciudad de Juliaca. La resolución resalta que el ataque no solo atentó contra la vida de un agente del orden, sino también contra la autoridad del Estado.

Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia ratificó el pago de una reparación civil de S/180.000 a favor de los herederos del suboficial Soncco Quispe, así como el abono de S/25.000 al Estado peruano. El tribunal sostuvo que estas medidas buscan resarcir parcialmente el daño causado y reafirmar la responsabilidad frente a crímenes cometidos contra servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

Tras conocerse la decisión, la Policía Nacional del Perú destacó que el fallo constituye un precedente relevante en la defensa de la autoridad y el principio de legalidad. La institución subrayó que la violencia colectiva no puede ser considerada una forma legítima de protesta y que los ataques contra efectivos policiales tendrán sanciones severas conforme a la ley.

La PNP recordó que sus miembros cumplen el rol de garantes del orden interno y defensores de la paz social, por lo que cualquier atentado contra su integridad implica una agresión directa al Estado de derecho. En ese sentido, remarcó que no habrá impunidad frente a quienes cometan actos de violencia contra la autoridad.

Con esta sentencia, las autoridades señalaron que se honra la memoria del suboficial José Luis Soncco Quispe y se reafirma el compromiso institucional de proteger la vida de los agentes del orden. La resolución judicial fue presentada como un mensaje claro de que la ley se aplica con rigor frente a delitos que buscan socavar la seguridad y la convivencia social.