El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú para anular los resultados de 1.751 mesas de sufragio en Lima y 647 mesas en Estados Unidos, al considerar que los recursos carecían de pruebas suficientes y no cumplían con los requisitos necesarios para sustentar una denuncia de irregularidades electorales.

Según las resoluciones emitidas por el organismo electoral, los planteamientos formulados por la agrupación política liderada por Roberto Sánchez no desarrollaron una teoría del caso que explicara de manera coherente cómo se habrían producido las supuestas irregularidades. En el caso de Lima, el JNE señaló que aceptar la tesis planteada implicaría asumir la existencia de una coordinación masiva para alterar resultados sin que se registraran observaciones formales durante la jornada electoral.

El tribunal también recordó que los documentos y actas electorales son públicos y verificables, por lo que una acusación de fraude de gran magnitud requeriría evidencias concretas que involucraran a diversos actores del proceso electoral. Entre ellos mencionó a miembros de mesa, fiscalizadores, representantes de organismos electorales, observadores y otras entidades encargadas de supervisar los comicios.

Respecto a las mesas observadas en Estados Unidos, el JNE sostuvo que la solicitud presentada por Juntos por el Perú incumplía prácticamente todos los requisitos de forma y fondo, salvo haber sido presentada dentro del plazo legal. La resolución indica que el partido no presentó pruebas directas ni explicó de qué manera se habría ejecutado la presunta irregularidad, limitándose a afirmaciones que el colegiado consideró insuficientes para sustentar una nulidad masiva.

Las decisiones se conocen luego de varias semanas de cuestionamientos al proceso electoral por parte de Juntos por el Perú. Con estos pronunciamientos, el máximo órgano de justicia electoral ratificó la validez de los resultados observados y reafirmó el principio de presunción de legitimidad de los actos electorales, al considerar que las alegaciones presentadas no lograron demostrar afectaciones concretas al desarrollo de la votación.