Cinco diputados de Renovación Popular acudieron a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional para conocer información sobre la lucha contra el terrorismo y abordar el caso de diez trabajadores del Congreso que, según un reportaje de Cuarto Poder, figurarían como firmantes de un planillón utilizado por el Movadef en su intento de inscripción como organización política.

La diputada Roxana Rocha señaló que corresponde realizar las investigaciones antes de establecer responsabilidades y pidió que la Mesa Directiva del Congreso disponga que la Oficina de Recursos Humanos revise la situación de los trabajadores mencionados. La parlamentaria sostuvo que la bancada rechaza cualquier eventual presencia de organizaciones vinculadas al terrorismo en instituciones públicas.

Durante la visita, se informó que el diputado Javier Cipriani remitió un documento al director de la Dircote para solicitar información sobre las personas mencionadas en el reportaje y determinar si existen elementos que permitan establecer algún vínculo con Sendero Luminoso o el Movadef. Rocha indicó que parte de la información manejada por la unidad policial tiene carácter reservado debido a sus labores de inteligencia.

Por su parte, el diputado José Baella sostuvo que cualquier eventual responsabilidad deberá determinarse luego de concluir las investigaciones. Señaló que, de encontrarse responsabilidades, estas podrían alcanzar tanto a los trabajadores como, eventualmente, a los legisladores que participaron en sus contrataciones, mientras que una eventual intervención de la Comisión de Ética deberá evaluarse a partir de los resultados de las indagaciones.

La controversia se originó tras un informe periodístico que identificó a trabajadores contratados en despachos parlamentarios de Juntos por el Perú cuyos nombres aparecerían en registros de adherentes utilizados por el Movadef durante su intento de inscripción. La aparición en dichos documentos, por sí sola, no determina responsabilidad penal, por lo que corresponde a las autoridades competentes verificar la información y establecer las responsabilidades individuales que correspondan.