La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la sentencia a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Debido a su edad, la exmandataria cumplirá la pena bajo arresto domiciliario. El fallo incluye también su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que le impide postularse en los próximos comicios legislativos, como había anunciado recientemente.

La causa que llevó a su condena, conocida como "Vialidad", se centró en el presunto direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz hacia la empresa Austral Construcciones, vinculada a Lázaro Báez, amigo y socio comercial de los Kirchner. Según la Justicia, entre 2003 y 2015 la firma obtuvo la mayoría de los contratos en esa región, muchos de los cuales no fueron concluidos o presentaron sobrecostos millonarios. El perjuicio al Estado habría superado los 1.000 millones de dólares.

Aunque la Fiscalía solicitó duplicar la pena a 12 años e incluir el delito de asociación ilícita, la Corte rechazó esa pretensión. Kirchner, quien también fue vicepresidenta hasta diciembre de 2023, escuchó el anuncio desde la sede del Partido Justicialista, acompañada de dirigentes de su espacio, mientras simpatizantes cortaban accesos a Buenos Aires en señal de protesta.

La exmandataria sostiene que es víctima de persecución política y judicial, lo que califica como "lawfare". Se ha comparado con líderes latinoamericanos como Lula da Silva y Rafael Correa, ambos también condenados por corrupción en sus respectivos países. Kirchner, actual presidenta del PJ, es una de las figuras más polarizantes del país y su exclusión política reconfigura el escenario opositor frente al gobierno de Javier Milei.

El fallo también ratifica las condenas a otros involucrados en la causa, como Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas, José López. Este último protagonizó un escándalo cuando fue sorprendido arrojando bolsos con dinero a un convento en 2016. La sentencia marca un hito judicial en Argentina y cierra una etapa en la carrera de una de las dirigentes más influyentes del kirchnerismo.