La procuradora general del Estado, María Caruajulca, asumió un rol decisivo en la defensa del Perú en el proceso judicial seguido en Estados Unidos contra Brookfield, empresa vinculada a Odebrecht, al disponer formalmente la participación del Estado en el caso. Esta acción se da tras la negativa de Silvana Carrión, procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato, quien se excusó de intervenir argumentando que la tarea correspondía al Ministerio Público.

Mediante la resolución N° D000601-2025-JUS/PGE-PG, Caruajulca autorizó una defensa colegiada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, bajo el proceso conocido como Sección 1782 (Discovery), en el expediente Case N° 24-mc-533-LJL. La coordinación de esta estrategia legal fue encargada a Evelin Giuliana García Luna, procuradora pública adjunta de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), quien deberá mantener informada a la Procuraduría General del Estado sobre los avances del caso.

Esta medida responde a la demanda impulsada por el alcalde Rafael López Aliaga, quien busca frenar un eventual desembolso millonario de más de $2,800 millones a favor de Brookfield. La intervención de la procuradora Caruajulca en este escenario internacional corrige la falta de acción de su colega Carrión y refuerza la posición del Estado peruano frente a una disputa con implicancias económicas críticas.

El dispositivo legal también aclara que la participación de la Procuraduría Ad Hoc en esta defensa no generará costos adicionales para el Estado, conforme al informe emitido por la Procuraduría Pública de la MML el pasado 2 de junio. Este punto busca asegurar que la estrategia judicial no represente una carga presupuestal indebida mientras se protege el interés público.

Finalmente, se ordenó notificar oficialmente esta resolución a las instancias pertinentes dentro del aparato legal del Estado, incluidas las áreas de Aplicación Jurídico Procesal, Información y Registro, garantizando así su ejecución y monitoreo adecuado. Con este movimiento, la Procuraduría General busca cerrar filas en defensa del erario nacional en el litigio internacional más relevante vinculado al caso Odebrecht.

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