El juez Richard Concepción Carhuancho enfrenta un proceso administrativo disciplinario abierto por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial debido a presuntas vulneraciones al derecho a la libertad personal y al debido proceso.

El magistrado, conocido por su protagonismo en casos de prisión preventiva contra expresidentes y altos funcionarios, es ahora cuestionado por prácticas que, según especialistas, transgreden principios constitucionales fundamentales.

Un testimonio revelado por el programa ‘ContraCorriente’ detalla los abusos cometidos durante una investigación a presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Tarjeteros del Norte’. Néstor Sánchez, uno de los detenidos en abril de 2024, denunció que fue mantenido en detención preliminar por un plazo considerablemente superior al permitido por ley, bajo órdenes de Concepción Carhuancho, pese a que la propia resolución judicial solo autorizaba una retención de diez días.

El constitucionalista Aníbal Quiroga señaló que la detención prolongada constituye un acto de secuestro estatal, ya que la Constitución permite la privación de libertad sin disposición judicial únicamente en casos de terrorismo o narcotráfico, no en delitos comunes. En este caso, el detenido estuvo privado de su libertad por aproximadamente 100 días, vulnerando gravemente sus derechos.

La Autoridad Nacional de Control ha calificado la conducta del juez como una falta muy grave, basándose en tres fundamentos esenciales. El caso tomó aún más notoriedad cuando se conoció que, tras la revocación de la prisión preventiva dictada por una sala de apelaciones, Concepción Carhuancho demoró la liberación de uno de los investigados observando detalles mínimos, como una tilde en los documentos, prolongando de manera indebida la detención.

La trayectoria de Concepción Carhuancho, que alguna vez simbolizó la lucha contra la corrupción mediante el uso intensivo de la prisión preventiva, hoy se ve ensombrecida por denuncias de arbitrariedad y abuso de poder, abriendo un nuevo capítulo de escrutinio sobre la administración de justicia en el país.