El presidente de Ipsos, Alfredo Torres, sostuvo que carece de sustento jurídico el pedido presentado por Juntos por el Perú para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) adopte medidas en su contra. En declaraciones a Exitosa, afirmó que la legislación electoral no otorga competencias al organismo para intervenir sobre opiniones emitidas después de una elección.

Torres explicó que las facultades del JNE se limitan a la supervisión y fiscalización de las encuestas de intención de voto durante los procesos electorales. En ese sentido, remarcó que Ipsos siempre ha cumplido con las disposiciones vigentes y que, por esa razón, la empresa nunca ha recibido sanciones por parte de la autoridad electoral.

Asimismo, precisó que los análisis y comentarios realizados tras la jornada electoral no se encuentran bajo la competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Según indicó, las opiniones expresadas por especialistas o representantes de encuestadoras forman parte del ejercicio de la libertad de expresión y no constituyen materia sancionable dentro del marco normativo actual.

El titular de Ipsos también señaló que las apreciaciones difundidas por la empresa se sustentan en información pública proporcionada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Añadió que dichos datos están disponibles para toda la ciudadanía, por lo que cualquier persona puede revisarlos y realizar sus propios cálculos o interpretaciones sobre la evolución del conteo de votos.

Torres enfatizó que, una vez concluida la etapa electoral, no existe obligación de informar al JNE sobre opiniones o análisis relacionados con los resultados. En esa línea, sostuvo que cualquier ciudadano, independientemente de que trabaje o no en una encuestadora, tiene derecho a expresar sus puntos de vista respecto de información que ya es de conocimiento público.

Finalmente, consideró que la solicitud presentada por Juntos por el Perú presenta deficiencias legales y difícilmente prosperaría dentro del marco jurídico vigente. A su juicio, el debate debe concentrarse en la discusión de argumentos y datos públicos, antes que en intentos de restringir opiniones emitidas tras el desarrollo del proceso electoral.