El Gobierno decidió extender por 60 días más el estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, a partir del 8 de junio. La medida mantiene el control del orden interno en manos de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, con el objetivo de combatir la minería ilegal y restablecer la seguridad en esta convulsionada zona del país.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, informó que también se autorizó la reanudación de la minería formal, así como de las actividades desarrolladas por mineros artesanales con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Estas operaciones deberán realizarse en el horario de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y contarán con supervisión estatal.

La reactivación minera se da tras un periodo de paralización impulsado por el Ejecutivo para contener la violencia y recuperar el principio de autoridad en la provincia. Astudillo aseguró que esta decisión responde al pedido expresado por autoridades locales y organizaciones sociales durante las mesas de diálogo desarrolladas en las últimas semanas. “Era un clamor de la población que se reinicien las actividades mineras”, sostuvo.

Sin embargo, la medida ha sido recibida con críticas por parte del alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, quien cuestionó el manejo del Ejecutivo en la reciente mesa de diálogo del 29 de mayo. Según denunció, los representantes del Gobierno abandonaron la reunión sin concluirla ni informar formalmente su salida, lo que calificó como una muestra de falta de compromiso.

Mariños también advirtió sobre el impacto económico de la paralización minera en una provincia donde, afirmó, “el 100 % de la población vive de esta actividad”. A su juicio, la falta de resultados en seguridad ciudadana y el aparente abandono del Ministerio del Interior refuerzan la percepción de que el problema estructural de Pataz sigue sin resolverse, pese a las medidas de fuerza aplicadas por el Ejecutivo.