Una omisión de la procuradora Silvana Carrión podría costarle a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) más de 2 millones de dólares. La funcionaria tiene hasta el 10 de junio para adherirse a un pedido formulado por el alcalde Rafael López Aliaga ante una Corte Federal de Estados Unidos, como parte del litigio internacional en torno a los contratos de peajes suscritos durante el periodo de Odebrecht.

Carrión, designada como procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato desde 2017, ha recibido hasta dos comunicaciones de la comuna limeña solicitando su respaldo formal a la demanda presentada por la MML. Sin embargo, hasta el momento no ha emitido respuesta favorable ni asumido una posición activa en la defensa del Estado en este proceso internacional.

El riesgo es alto: si Carrión no actúa antes del 10 de junio, Lima podría ser obligada a pagar 2.800 millones de dólares a Brookfield, empresa que adquirió acciones de Odebrecht y que actualmente reclama compensaciones por la anulación de contratos de peajes. La propia MML advirtió que, tras el rechazo inicial de su pedido ante el tribunal estadounidense, solo una intervención de la Procuraduría podría revertir la situación.

Pese a esta advertencia, la procuradora ha argumentado que no es su competencia intervenir en el caso, trasladando la responsabilidad a la Fiscalía. Esta interpretación ha sido cuestionada por la Municipalidad, que considera que Carrión tiene plena capacidad para intervenir, dado su rol en los casos relacionados con Lava Jato, que justamente involucran a Odebrecht y sus derivados.

La falta de acción por parte de Carrión ha despertado críticas sobre su compromiso con la defensa de los intereses del Estado, en momentos en que una inacción podría representar una de las mayores pérdidas económicas para Lima en su historia reciente. Mientras tanto, el tiempo corre y el plazo para intervenir está por agotarse.