Por Ernesto Álvarez Miranda, publicado en Expreso

Cuando se quiere concentrar el poder político en una sola persona, la regla dice que se debe desacreditar a las instituciones que tienen participación en los procesos de decisión. A diferencia del tirano, el demagogo disimula su afán egoísta enarbolando elevados conceptos y plausibles propósitos que contrastan con la rudeza cotidiana de la labor política de los representantes, los que suelen desgastarse al confrontar entre sí por defender las diversas tendencias e intereses de sus electores; el demagogo en cambio, aparenta ser el único intérprete del interés general.

Así como Julio César se enfrentó al Senado para avasallar a la próspera República romana, y Hitler, que ordenó incendiar el Reichtag, sede del parlamento alemán, el demagogo moderno confecciona reglas que perjudican la calidad de la representación política. El objetivo es debilitar a los partidos políticos, desprestigiar a la asamblea representativa y a la actividad política en general.

Para lograrlo en el Perú, se permitió la participación electoral de movimientos independientes para vaciar de dirigentes a los comités provinciales de las agrupaciones nacionales; se inventó una compleja red de exigencias burocráticas para presentar candidatos a las elecciones; se dificultó e incluso penalizó el aporte privado al financiamiento de los partidos en campaña; y se prohibió la reelección congresal.

Curiosamente, ha pasado desapercibido el sutil veneno del artículo 92 de la Carta vigente, el mismo que consagra un verdadero mandato de dedicación exclusiva: “la función del congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso”. Subyace el concepto de un congresista asalariado, de permanente presencia en improductivas comisiones y en maratónicos plenos, dispuesto a encubrir un aumentito de sueldo viajando a distritos electorales ajenos.

Tuve el honor de ser practicante en un Senado donde Felipe Osterling llegaba a las 6 p.m. después de una larga jornada en su prestigioso estudio; Enrique Bernales venía de la Comisión Andina de Juristas, Marco Antonio Garrido de su empresa farmacéutica; Rolando Breña de sus actividades sindicales; y así la lista se prolonga, todos habían alcanzado el máximo nivel en sus respectivas ocupaciones, las que no hubieran abandonado para ser parlamentarios.

Para el futuro Congreso, es indispensable permitir que los mejores directivos de gremios empresariales y sindicales, de ONG, de estudios de abogados, de universidades y centros de investigación, se puedan reunir por mandato popular en la asamblea representativa. Solo así, la actividad política recuperará su prestigio, la confianza de los electores, y se fortalecerá la democracia.