El juez Leodan Cristóbal Ayala devolvió la acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez en el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, al detectar errores fundamentales en el expediente de más de cinco mil páginas.

Según la resolución judicial, el documento no cumple con los requisitos mínimos exigidos para una imputación formal, al carecer de precisión sobre las responsabilidades penales individuales y no incluir las pruebas necesarias para sustentar los cargos.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que el fiscal Pérez incluyó entre los acusados al expresidente Alan García, fallecido en 2019, lo cual contradice el marco legal peruano que prohíbe procesar a personas que ya no están con vida. Esta situación provocó fuertes cuestionamientos y generó comparaciones con el caso Cócteles, donde también se detectaron serias deficiencias en la formulación de la acusación.

El magistrado advirtió a Pérez que, de persistir en presentar acusaciones con fallas de forma y fondo, procederá a denunciarlo ante Control Interno del Ministerio Público por hacerle perder el tiempo al Poder Judicial. En este contexto, se subraya que no basta con entregar expedientes voluminosos, sino que es necesario que estos cumplan con los requisitos legales y procesales para iniciar un juicio penal.

El documento fiscal fue remitido inicialmente a los abogados de los procesados el 27 de marzo, pero el 7 de abril el juez Cristóbal Ayala reconsideró su decisión y anuló el trámite, devolviendo el expediente a la fiscalía. Esta medida retrasa significativamente el avance del caso, considerado uno de los más emblemáticos dentro del marco de las investigaciones del equipo especial Lava Jato.

La actuación del fiscal Pérez ha sido nuevamente puesta en tela de juicio, tanto por errores procesales como por la inclusión de afirmaciones controversiales en comunicados de prensa. La falta de rigor en acusaciones de alto perfil podría afectar la credibilidad de las investigaciones y abrir espacio a cuestionamientos sobre la imparcialidad y la eficacia del Ministerio Público en casos de corrupción.